La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso ampliar su autonomía de gestión y otorgarle facultades para resolver controversias entre los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, como parte de una reforma que busca redefinir la coordinación y distribución de atribuciones dentro del nuevo esquema judicial.
Las propuestas fueron presentadas por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.
Durante un acto en el que los cuatro órganos del Poder Judicial de la Federación entregaron de manera conjunta sus planteamientos de reforma a la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, el ministro aseguró que la reforma no implica mayor gasto ni mayor burocracia.
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El documento plantea establecer mecanismos permanentes de coordinación institucional entre la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La propuesta busca “generar un espacio institucional para compartir información, coordinar prioridades, dar seguimiento a problemáticas comunes y construir propuestas de solución de manera conjunta frente a asuntos que, por su naturaleza, rebasan la competencia aislada de cada órgano”.
Uno de los cambios planteados está relacionado con las facultades de la Suprema Corte para dirimir conflictos internos del Poder Judicial.
La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica propone otorgar a la Corte “competencia para resolver las controversias que se susciten entre los órganos del PJF”, con el objetivo de establecer mayor certeza sobre las atribuciones de cada instancia.
De acuerdo con la propuesta, esta facultad permitiría resolver este tipo de disputas desde una perspectiva constitucional y evitaría que los conflictos derivados de la distribución de competencias queden sin una vía institucional claramente definida.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es modificar el esquema de administración de los recursos del Poder Judicial para otorgar mayor autonomía presupuestaria a la SCJN, al TEPJF y al TDJ.
La iniciativa plantea que estos órganos tengan mayores facultades para gestionar directamente sus recursos y evitar “interferencias administrativas que obstaculicen o retrasen” el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales.
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