La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Gómez Puga, denunció haber recibido amenazas graves y directas contra su integridad física, que se extendieron a integrantes de su familia, en medio de la controversia por su propuesta sobre las llamadas “boletas planchadas”, cuya resolución fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, la funcionaria vinculó el clima de descrédito en torno a su postura con los intentos de intimidación a las autoridades electorales, y sostuvo que las presiones pueden trascender lo personal cuando se relacionan con decisiones institucionales.
“En días recientes he recibido amenazas graves y directas contra mi integridad física que se han extendido incluso a integrantes de mi familia”, informó.
Asimismo, añadió que las amenazas están documentadas y que serán atendidas por las vías institucionales y legales. “No hago pública esta situación para colocarme en una posición de víctima, sino porque existe una frontera que ninguna sociedad democrática puede permitir que se cruce”, puntualizó.
La consejera distinguió entre la crítica y la intimidación. “La crítica es legítima, el cuestionamiento público es legítimo, la discrepancia política, incluso la crítica más severa forma parte de una democracia, pero amenazar la integridad de una persona o de su familia no es crítica, no es debate y no es libertad de expresión, es intimidación”, afirmó.
Advirtió que el problema adquiere otra dimensión cuando las amenazas se relacionan con sus funciones: “Lo que se intenta vulnerar es la independencia con la que debemos deliberar y votar quienes integramos este Consejo General”. Aseguró que las intimidaciones no modificarán sus decisiones y se comprometió a seguir resolviendo conforme a la Constitución, la ley y sus convicciones jurídicas.
Gómez Puga aprovechó su intervención para rechazar lo que calificó como una distorsión de su propuesta sobre las boletas sin doblez. Aclaró que el INE no aprobó que esas boletas fueran válidas y negó que su planteamiento buscara beneficiar a alguna fuerza política.
Explicó que la propuesta pretendía fortalecer la vigilancia electoral, en particular para los partidos con menor representación en las casillas, mediante herramientas que permitieran revisar después las incidencias en los consejos distritales.
Atribuyó a los partidos la responsabilidad por la falta de reglas claras para prevenir, verificar y resolver este tipo de situaciones. “La omisión es una responsabilidad de los partidos y representa una deuda directa con la ciudadanía, pero esa deuda no puede pagarse con el descrédito, la intimidación o la persecución de las autoridades electorales”, afirmó.
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MSL
