La presidenta del Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU CEDAW), Nahla Haidar, reconoció a México por sus acciones para contar con un marco jurídico sólido contra el feminicidio, partiendo de una definición que incorpora la perspectiva de género.
De acuerdo con la representante del organismo internacional, las autoridades mexicanas han mostrado avances tras el diálogo continuo sobre las observaciones emitidas por la comisión, destacando la importancia de evitar la reclasificación errónea de asesinatos de mujeres como homicidios comunes.
En tanto, Haidar advirtió que persiste una fragmentación institucional entre cuerpos policiales y fiscalías, además de vacíos en el intercambio de información y la falta de identificación oportuna de factores de riesgo previa a la comisión de los delitos.
“Ellos saben que lo más importante es no clasificar erróneamente los asesinatos de mujeres ni invisibilizarlos; es fundamental evitar que se registren simplemente como homicidios comunes y, en su lugar, contar con una definición que incorpore la perspectiva de género”, indicó en el marco del Diálogo Interactivo combinado de Naciones Unidas sobre Adelanto de las Mujeres.
Además, la titular de la CEDAW enfatizó la necesidad de desmantelar las estructuras que generan impunidad y perpetúan estereotipos discriminatorios, reafirmando la disposición de las Naciones Unidas para colaborar con el gobierno mexicano en el seguimiento e implementación de medidas preventivas adicionales.
“Sé que conocen todo esto y que trabajan para promover un marco jurídico adecuado y derribar las barreras que impiden prevenir el feminicidio; esto exige desmantelar las estructuras que dejan a las mujeres menos protegidas, abordando desde los estereotipos discriminatorios hasta la fragmentación institucional, la impunidad y la insuficiencia de datos, entre otros factores”, dijo.
En tanto, la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas resaltó que para nuestro país, prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio constituye una prioridad de Estado.
Además, indicó que al momento se encuentra en proceso legislativo una ley general para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio que incorpora las recomendaciones del Comité de la CEDAW y un enfoque de interseccionalidad, interculturalidad para fortalecer la protección de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y las niñas.
En ese sentido, Claudia Flores, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas, puntualizó la relevancia de que las iniciativas promovidas por los Estados consideren a la población femenina en toda su diversidad.
La especialista recalcó que estos marcos normativos deben articularse bajo enfoques de interseccionalidad e interculturalidad, aspectos incluidos en el proyecto de ley mexicano para garantizar una mayor protección a mujeres, adolescentes y niñas.
Por otro lado, el Departamento de Comunicación Global de la ONU se pronunció respecto al estatus institucional de los expertos independientes.
Así, Paulina Kubiak, portavoz de Derechos Humanos del área, explicó que Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias, ejerce su cargo de manera independiente y no remunerada, condiciones compartidas por la totalidad de los relatores del sistema internacional.
Kubiak puntualizó que, debido a esta condición de autonomía, los comentarios emitidos por la relatora no representan la postura ni se expresan en nombre de las Naciones Unidas, sino a título personal como experta independiente.
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JVR