La directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió que Washington irá tras gobernadores, funcionarios y particulares que colaboren con los cárteles del narcotráfico, sin importar el cargo que ocupen.
En una entrevista que la funcionaria concedió al medio estadounidense VOZ, que retomó la ONDCP ayer, la funcionaria reiteró su postura contra las organizaciones criminales y la corrupción. Sostuvo que el presidente Donald Trump no hará distinciones entre autoridades y ciudadanos que presten apoyo a estos grupos.
“Él ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si trabajan con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza en una pequeña tienda. Los vamos a encontrar, vamos a ir tras ustedes y nos vamos a asegurar de que paguen las consecuencias”, expuso Carter.
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- El Dato: EL pasado 30 de septiembre, el embajador Ronald Johnson dijo que funcionarios corruptos y todo aquel que apoye a estos “grupos terroristas” son objetivo para su país.
El mensaje adquirió carácter institucional después de que la ONDCP lo difundió en redes sociales. La oficina reafirmó su posición frente a los funcionarios corruptos y destacó la importancia de mantener una colaboración estrecha entre Washington y el gobierno mexicano para enfrentar a las estructuras del narcotráfico.
Según la entrevista, la administración Trump ha exigido a México incrementar la inversión en sus Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad. La funcionaria reconoció que ambos países han conseguido resultados mediante operaciones conjuntas, aunque insistió en la necesidad de intensificar las acciones contra las organizaciones delictivas.
Carter también llamó a las autoridades mexicanas a fortalecer el trabajo bilateral: “Así que lo que digo es que se unan a nosotros. Pongan fin a esto. Podemos acabar con los cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos en común sobre los cuales construir. Pero, sobre todo, ¿por qué vamos a permitir esto en nuestras naciones? Estados Unidos ya no va a permitir eso”.
Las declaraciones ocurren en medio de las tensiones entre ambos gobiernos por las acusaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El caso ha generado desacuerdos entre Washington y la administración federal sobre los señalamientos contra políticos mexicanos y el alcance de la cooperación en materia de seguridad.
En su respuesta, la zarina antidrogas advirtió que esa política continuará durante el resto de la actual administración y podría extenderse a los próximos gobiernos estadounidenses.
“No habrá ni un solo día, en los próximos dos años y medio, y probablemente mucho más allá de esta administración, en que alguno de esos miembros de los cárteles o cualquiera que trabaje con ellos pueda dormir tranquilo”, sostuvo.
Las acciones contra estas organizaciones involucran a distintas dependencias del gobierno estadounidense, desde las instituciones militares hasta las responsables de la política sanitaria: “Porque puedo asegurarles esto, como zar antidrogas y como alguien que trabaja con todo el aparato gubernamental —es decir, desde el Departamento de Guerra hasta el Departamento de Salud y Servicios Humanos—, vamos a ir tras ellos”.
La advertencia ocurre en medio de tensiones bilaterales por el combate al narcotráfico y el rechazo de la Presidenta Sheinbaum a cualquier injerencia de EU.
Exigen pruebas de ligas de firma de BC con criminales
| Por Yulia Bonilla |
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno de México no cuenta con evidencias que sustenten los presuntos vínculos delictivos atribuidos por Estados Unidos a Inteliproof, empresa que prestó servicios de seguridad al Gobierno de Baja California, y a las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro.
La mandataria señaló que la información disponible no amerita medidas adicionales a las adoptadas tras conocerse el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México revisó las operaciones y detectó irregularidades que motivaron el congelamiento de cuentas.
“Pero no hay ninguna evidencia, de acuerdo con la UIF y el Gobierno de México, en particular el Gabinete de Seguridad, de que la empresa o las personas a las que se congelaron las cuentas, estén vinculados con algún grupo delictivo”, afirmó en conferencia.
- El Tip: ayuntamientos de Baja California anunciaron medidas para bloquear a las empresas señaladas por la OFAC de EU.
Sheinbaum precisó que la revisión mexicana comenzó después de recibir el comunicado de la agencia estadounidense. Los hallazgos de la UIF, sostuvo, corresponden a anomalías en el cumplimiento de obligaciones fiscales y en los reportes de ingresos y egresos, sin que acrediten por sí mismos una relación con organizaciones criminales.
“Entonces, esa es la información que tiene la UIF. Irregularidades”, expresó, al explicar el alcance de lo detectado por las autoridades nacionales.
Como ejemplos, mencionó la posibilidad de que los involucrados no hubieran reportado adecuadamente sus impuestos o sus movimientos financieros. Subrayó que esas conductas deben distinguirse de los nexos con grupos delictivos señalados por Washington. “Pero de ahí a que estén vinculados con un grupo delictivo, pues es otra cosa”, dijo.
La Presidenta sostuvo así que el congelamiento de cuentas responde a las irregularidades encontradas en México, mientras las acusaciones de vínculos criminales todavía no están sustentadas con evidencias ante su administración.
