Una red presuntamente encabezada por el exfuncionario michoacano Luis Miranda Contreras utilizaba contactos políticos, llamadas telefónicas, mensajes e inteligencia artificial para suplantar la identidad de servidores públicos y extorsionar a políticos, empresarios y trabajadores del gobierno, de acuerdo con las investigaciones de autoridades federales y del Estado de México.
El grupo estaba integrado, presuntamente, por Miranda Contreras, su esposa Liliana “N”, sus hijos Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como un escolta identificado como Agustín Arturo “N”. Los cinco fueron detenidos en el municipio de Metepec, donde las autoridades localizaron el inmueble que presuntamente funcionaba como su centro de operaciones.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las actividades investigadas se remontan al menos a 2021.
Durante ese periodo, los integrantes habrían perfeccionado un método para ganarse la confianza de sus víctimas y después utilizar la información obtenida para cometer extorsiones.
¿Cómo operaba la red de extorsión de Luis Miranda Contreras?
El primer contacto ocurría mediante mensajes de texto o llamadas a los teléfonos personales de las víctimas. Para conseguir esos números, la organización presuntamente aprovechaba una red de relaciones construida durante años y vinculada con la trayectoria de Miranda Contreras en el servicio público.
En una primera etapa, los integrantes se hacían pasar por secretarios particulares o asistentes de funcionarios de alto nivel. Con el pretexto de actualizar agendas o gestionar una comunicación con sus supuestos superiores, buscaban establecer contacto y obtener información sobre las personas y las dependencias en las que trabajaban.
Una vez que conseguían generar confianza, podían recabar datos personales, información confidencial de oficinas gubernamentales y detalles relacionados con operaciones políticas o económicas.
Según las investigaciones, esos datos servían para hacer más creíbles las siguientes comunicaciones y suplantar la identidad de otros funcionarios.
La organización presuntamente se hacía pasar por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos de la Presidencia de la República, entre otros.
Reportes periodísticos también señalan que utilizaba herramientas de inteligencia artificial para imitar voces y fabricar conversaciones que reforzaran el engaño.
Las solicitudes de dinero o favores llegaban después de establecer el contacto. Entre las peticiones identificadas por las autoridades estaban entregar recursos para supuestas operaciones políticas, agilizar pagos, incorporar personas a estructuras administrativas o recomendar la contratación de servicios con determinadas personas o empresas.
¿Dónde operaba la red y qué encontraron las autoridades?
Las investigaciones ubicaron el presunto centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México. Durante un cateo, las autoridades aseguraron teléfonos celulares, tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.
La Fiscalía mexiquense identificó al menos 19 dispositivos móviles de marcas como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola. Los equipos presentaban registros de uso con las tarjetas SIM aseguradas y correspondían con números telefónicos reportados por algunas víctimas.
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