El Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, acumuló 12 personas muertas en dos riñas ocurridas entre el jueves y este viernes: 11 internos y un niño de dos años que se encontraba de visita. Los enfrentamientos sucedieron en una cárcel que arrastra, desde al menos 2012, advertencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por autogobierno, falta de custodios y otras deficiencias.
Este 9 de octubre, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) informó de una nueva pelea dentro de uno de los módulos, en la que murieron dos personas privadas de la libertad. El hecho ocurrió después del enfrentamiento del jueves, que dejó nueve reos y un menor fallecidos, además de 16 internos heridos.
La dependencia señaló que el Grupo Interinstitucional controló la situación para proteger al resto de los internos y al personal operativo y administrativo. Las autoridades mantuvieron presencia dentro y fuera del centro, mientras el caso fue remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones.
“Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad”, indicó la Secretaría. El área de Trabajo Social buscaba contactar a las familias de los fallecidos.
El saldo de ambas riñas contrasta con las condiciones de ocupación del penal. De acuerdo con el balance del sistema de Prevención y Reinserción Social de agosto de este año, El Castillo albergaba a mil 406 personas, frente a una capacidad para mil 862, por lo que se encontraba 24.4 por ciento por debajo de su límite.
La ausencia de hacinamiento, sin embargo, no ha impedido que se mantengan problemas de gobernabilidad, seguridad y atención a la población penitenciaria. En las evaluaciones de la CNDH aparecen señalamientos sobre actividades ilícitas, insuficiencia de custodios, capacitación deficiente y una inadecuada clasificación de los internos.
Los documentos revisados permiten rastrear las advertencias desde al menos 2012, último año con registros. Entre los hallazgos figura que los propios reclusos ejercían funciones de autoridad, una de las manifestaciones del autogobierno que el organismo identificó dentro del centro. El historial también muestra que las mejoras en la calificación general no se sostuvieron. En los balances de 2022 y 2023, el penal salió del indicador rojo en el que se encontraba en años previos y obtuvo evaluaciones de entre 6.2 y 6.3 puntos, en una escala de 10.
En el informe de 2024 no se detalla su valoración ni su tendencia. Para 2025, en cambio, reapareció con una calificación reprobatoria de 5.25 puntos. Las observaciones de ese balance volvieron a señalar la presencia de actividades ilícitas y la insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
A la falta de elementos se sumó la capacitación insuficiente de quienes desempeñan esas tareas. Los señalamientos abarcan también carencias normativas para regir el funcionamiento del centro y deficiencias en la imposición de sanciones disciplinarias.
El diagnóstico advirtió falta de programas para prevenir y atender incidentes violentos, así como deficiencias en la prevención de violaciones a los derechos humanos. También identificó carencias en los mecanismos de queja mediante los cuales las personas privadas de la libertad pueden exponer esos hechos.
Las advertencias sobre disciplina tienen antecedentes en la evaluación de 2012, cuando los informes penitenciarios ofrecían un mayor desglose. Entonces se señaló que no se respetaba el derecho de audiencia de los internos sancionados y que las sanciones no eran determinadas por las autoridades competentes.
A ello se agregaban deficiencias en la certificación médica de las personas sujetas a medidas disciplinarias. Los hallazgos muestran que los problemas no se limitaban a la vigilancia, sino que alcanzaban los procedimientos para imponer sanciones y las garantías de quienes permanecían en prisión.
El deterioro descrito por la CNDH también comprende las condiciones materiales y de higiene de las áreas destinadas al alojamiento. Las deficiencias se extendían a la cocina y los comedores, al área médica y a los espacios para recibir visitas. En la evaluación más reciente, la ausencia de hacinamiento aparece como un aspecto favorable, pero convive con observaciones sobre una inadecuada separación entre hombres y mujeres, y entre quienes ya recibieron sentencia y quienes todavía enfrentan un proceso penal.
El balance de agosto registró mil 51 personas por delitos del fuero común y 355 del federal.
En materia de reinserción, el organismo advirtió problemas en la organización y los registros para cumplir el plan de actividades, además de insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. También señaló deficiencias en los servicios de salud.
Las observaciones incluyen la atención a grupos con necesidades específicas. Entre ellos se encuentran las mujeres que viven en el centro con sus hijos y las personas de la comunidad LGBTTTIQ, para quienes se identificaron carencias.
De acuerdo con los datos de población referidos, en el penal había cinco madres acompañadas de un menor cada una.
Sobre advertencia
Algunas de las situaciones que documentó la CNDH sobre el penal:
- Deficiencias en los servicios de salud.
- Insuficiente separación entre hombres y mujeres.
- Falta de prevención de violaciones a derechos humanos
- Falta de programas para la prevención y atención de incidentes violentos
- Deficiencias en la alimentación y condiciones materiales e higiene
- Fallas en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias
- Falta de capacitación del personal penitenciario
- Insuficiencia de personal de seguridad y custodia
- Presencia de actividades ilícitas
- Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas
- Fallas en la atención a personas LGBTTTIQ+
Van por reforzar los penales de Sinaloa
| Por Yulia Bonilla |
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal apoyará el fortalecimiento del sistema penitenciario de Sinaloa, tras las dos riñas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas. La gobernadora Graciela Domínguez informó que se autorizó construir una nueva cárcel con inversión de la Federación.
Consultada sobre el enfrentamiento del jueves, la mandataria señaló que el Gabinete de Seguridad ya brinda apoyo a las autoridades estatales. Añadió que existe comunicación con la gobernadora para reforzar las cárceles de la entidad.
“Sí lo mencionaron, mencionaron todo el caso. Está apoyando el Gabinete de Seguridad”, expresó en conferencia. Sheinbaum indicó que las acciones se trabajan con el gobierno de Sinaloa y dejó a la mandataria estatal la presentación de los detalles del fortalecimiento.
“Se está trabajando con ella para reforzar el sistema penitenciario de Sinaloa. Entonces, yo espero que la gobernadora pueda dar esta información”, dijo.
La Presidenta también planteó la necesidad de acercarse a las familias de los internos fallecidos. Señaló que esta atención debe realizarse tanto en el sistema penitenciario federal como en el estatal.
Por su parte, el Gobierno de Sinaloa dio a conocer la autorización para construir un nuevo centro penitenciario, como parte de los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad. El proyecto será financiado con recursos federales y busca ampliar la infraestructura carcelaria de la entidad.
“Como parte de los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad, esta mañana, la gobernadora Graciela Domínguez Nava dio a conocer la autorización para la construcción de un nuevo centro penitenciario en la entidad”, dijo el gobierno estatal.
En la información difundida no se precisaron el monto de la inversión, la ubicación del nuevo centro ni los plazos para su construcción. El anuncio se centró en la autorización del proyecto y en la participación federal para fortalecer la infraestructura penitenciaria.