La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 329 votos a favor y 117 en contra en lo general, con 339 votos a favor, 113 en contra y dos abstenciones, el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos, como parte del Paquete Económico para 2027.
En la fundamentación del proyecto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena, sostuvo que las modificaciones buscan adecuar las disposiciones legales a los costos de los servicios, las necesidades de operación de las instituciones y las condiciones actuales de aprovechamiento de los bienes nacionales.
El legislador aclaró que la propuesta debe entenderse como una actualización de las disposiciones que regulan los derechos que cobra el Estado por los servicios que presta y por el uso de bienes de dominio público.
El dictamen contempla modificaciones a diversos cobros y trámites federales, incluidos servicios sanitarios, autorizaciones administrativas y derechos vinculados con el aprovechamiento de recursos públicos. También prevé medidas relacionadas con el sector de telecomunicaciones para incentivar la inversión y ampliar la cobertura.
Oposición advierte impacto en costos
Durante el debate, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron algunos de los incrementos previstos en las cuotas y advirtieron que el encarecimiento de permisos y trámites podría repercutir en los costos de operación de empresas y, eventualmente, trasladarse a los consumidores.
El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, señaló aumentos en determinadas licencias y autorizaciones sanitarias, mientras que el diputado Christian Castro Bello, del PRI, advirtió que las modificaciones podrían encarecer actividades productivas y servicios.
Puso como ejemplo la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea, cuyo costo, de acuerdo con las cifras que presentó, pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos.
Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano cuestionó los ajustes a diversos derechos y pidió justificar los incrementos con base en los costos efectivos de los servicios prestados por las dependencias federales.
Los legisladores de oposición también señalaron que las alzas deben evaluarse por sus efectos sobre sectores como la salud, el transporte y las actividades económicas que requieren autorizaciones gubernamentales.
Morena defiende actualización de cobros
En respuesta a las críticas, los legisladores de Morena defendieron el dictamen al argumentar que los ajustes buscan adecuar los derechos a las condiciones actuales de prestación de servicios y operación de las instituciones públicas.
Además, destacaron las disposiciones dirigidas a promover inversiones en telecomunicaciones y extender la conectividad, mediante incentivos relacionados con el uso del espectro radioeléctrico, conforme a las condiciones establecidas en el proyecto.
Al respecto, la diputada Claudia Rivera Vivanco, de Morena, afirmó que la propuesta no crea nuevos impuestos para las familias ni aumenta las tarifas de pasaportes y uso aeroportuario.
También destacó los incentivos para ampliar la conectividad mediante redes 5G, a través de reducciones en los derechos por el uso del espectro radioeléctrico y exenciones orientadas a extender la cobertura en zonas prioritarias, conforme a las condiciones previstas en el dictamen.
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cehr