La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos 2027, que actualiza diversas cuotas por servicios del Gobierno Federal, entre ellas las sanitarias, las de navegación aérea y las que pagan los turistas extranjeros, y reduce derechos a concesionarias de telecomunicaciones.
Con 27 votos de Morena, PT y PVEM, y 10 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el dictamen avanzó a un receso para procesar las reservas que presentará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyos funcionarios no acudieron a una reunión prevista por la mañana con legisladores y la pospusieron.
El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, informó que los cambios buscan ajustar los cobros al costo de los servicios. “En materia de servicios se actualizan diversas cuotas para alinearlas con el costo operativo que representa para las dependencias y órganos desconcentrados su prestación”, sostuvo.
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Oposición advierte impacto para en empresas y consumidores
La oposición cuestionó la falta de estudios técnicos que justifiquen los incrementos y advirtió que el encarecimiento de permisos y autorizaciones repercutirá en empresas y consumidores.
El panista Héctor Saúl Téllez afirmó que el proyecto no se limita a ajustes administrativos, pues hay aumentos de entre 100 y más de mil por ciento. Por ejemplo, la licencia sanitaria para servicios de transfusión sanguínea pasaría de mil 482 a 17 mil 439 pesos, y la autorización de protocolos de investigación de medicamentos o dispositivos médicos, de 8 mil 195 a 43 mil 209 pesos, un alza superior a 427 por ciento.
“¿Dónde están los estudios que demuestran que aumentos del 100, 400, 700 o más del mil por ciento corresponden realmente al costo del servicio?”, cuestionó.
La emecista Patricia Flores Elizondo alertó que el cobro a visitantes extranjeros subiría de 983 a mil 334.80 pesos, cerca de 36 por ciento. El dictamen eleva 10 por ciento diversas cuotas de navegación aérea y aprovechamiento del espacio aéreo.
El priista Christian Castro Bello sostuvo que los mayores costos de permisos sanitarios, ambientales y de navegación se trasladarán a las actividades productivas. “¿Quién termina pagando cuando aumentan los costos de operación? El consumidor”, afirmó.
El morenista Luis Humberto Fernández rechazó que sea una medida excesiva de recaudación.
“No es voracidad recaudatoria, es justicia fiscal”, respondió. Destacó el acceso gratuito a 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas, y una reducción de 12 por ciento en derechos por bandas del espectro radioeléctrico para telefonía móvil.
Su compañera Claudia Rivera Vivanco defendió los beneficios a concesionarias, que incluyen exenciones de hasta 100 por ciento en zonas prioritarias o carreteras. “No son privilegios, son incentivos directos a la inversión privada en redes 5G”, argumentó.
Parte de lo recaudado por el cobro a turistas extranjeros se destinará a dependencias federales: 26 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y 50 por ciento del Derecho de No Residente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
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