La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para homologar la información de los inmuebles del país, entre advertencias de la oposición sobre un posible impacto en el pago del predial y dudas de especialistas sobre las dificultades para aplicarla.
El dictamen recibió 391 votos a favor y 92 en contra en lo general y, tras las modificaciones aprobadas en lo particular, fue turnado al Senado.
El proyecto plantea coordinar a la Federación, los estados y los municipios para actualizar los catastros y los registros públicos de la propiedad, así como facilitar el intercambio de información.
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- El Dato: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tendrá atribuciones para establecer lineamientos, desarrollar plataformas y coordinar el Plan Nacional Catastral.
Morena y sus aliados defendieron que la legislación permitirá corregir inconsistencias y dar mayor certeza jurídica a los propietarios. Legisladores opositores, en cambio, alertaron que la actualización de los valores catastrales podría repercutir en el impuesto predial, aunque el proyecto no establece directamente tasas ni tarifas para ese gravamen.
Maritza Páez, especialista en ordenamiento urbano de la Universidad Michoacana, recordó que durante la discusión en San Lázaro, el diputado del PRI Arturo Yáñez Cuéllar advirtió sobre los posibles efectos económicos para los contribuyentes, pues el valor catastral es uno de los elementos utilizados para calcular el impuesto.
La especialista explicó que disponer de información más precisa puede facilitar la incorporación de inmuebles a las bases tributarias y la actualización de sus valores. Sin embargo, el eventual impacto en el predial dependerá de las disposiciones aplicables y de las decisiones de las autoridades competentes.
- 3.3 Personas es el promedio de ocupantes de una vivienda
Desde la mayoría parlamentaria, la diputada de Morena Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno sostuvo que homologar todos los criterios catastrales no implica quitar atribuciones a estados y municipios, sino establecer una base común para intercambiar información.
La diputada del PT Nora Yessica Merino Escamilla también rechazó que la armonización implique automáticamente un incremento del predial. Argumentó que el proyecto no fija una tasa nacional, un porcentaje mínimo de aumento ni una tarifa federal.
Entre sus objetivos, la legislación contempla una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble, mecanismos digitales y criterios comunes para mejorar la coordinación entre autoridades. De acuerdo con el Canal del Congreso, el proyecto no crea nuevos impuestos ni centraliza los catastros en la Federación, y mantiene las responsabilidades de las autoridades locales.
DIFICULTADES. Para Miguel Saucedo, especialista en materia inmobiliaria y socio director de Saucedo Abogados, la homologación puede tener efectos positivos, pero enfrenta un obstáculo: los inmuebles con documentación incompleta o sin inscripción en los registros públicos de la propiedad.
“¿Cómo vamos a regularizar los millones y millones de inmuebles que se encuentran en condiciones no favorables en cuanto a la documentación, que carecen de derecho de registro de la propiedad?”, planteó Saucedo.
Explicó que existen propiedades vinculadas con sucesiones, contratos privados o posesiones familiares históricas cuyos ocupantes nunca gestionaron documentos para acreditar e inscribir sus derechos. En esos casos, señaló, sería necesario establecer mecanismos de regularización e inscripción que también eviten afectar derechos de terceros.
Miguel Saucedo también consideró positivo contar con un padrón nacional que permita identificar los inmuebles, a sus propietarios y su situación registral, además de mejorar la correspondencia entre la información catastral y los registros de cada estado.
“El crear una única cédula catastral para identificar en forma exclusiva cada inmueble dentro de la República puede resultar muy positivo. No existe un padrón catastral perfectamente estructurado”, expresó el experto.
No obstante, cuestionó la viabilidad de alcanzar esos objetivos para enero de 2027, fecha que mencionó como meta, debido a los registros incompletos en las 32 entidades federativas.
“Es realmente una ilusión, es totalmente imposible”, sostuvo.
DEBATE PARALELO. La discusión coincide con la polémica sobre el proyecto del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Maritza Páez subrayó, además, que se trata de instrumentos distintos: la ley catastral aprobada por los diputados no establece por sí misma la venta forzosa de inmuebles ni crea un impuesto federal por predios desocupados.
Las advertencias sobre esas medidas corresponden a la interpretación opositora del proyecto metropolitano, que continúa en consulta pública.
El vicecoordinador de Acción Nacional en el Congreso capitalino, Diego Garrido López, señaló que el documento contiene propuestas que, a su juicio, podrían afectar la propiedad privada, entre ellas un impuesto por “desperdicio urbano”, cambios en la valoración de inmuebles y posibles subastas de terrenos considerados subutilizados.
La dirigencia panista también ha advertido sobre un plazo de dos a cuatro años para acreditar el uso de determinados terrenos, con el riesgo de que, bajo ciertos supuestos, se plantee su venta mediante subasta pública.
Morena en la Ciudad de México rechazó esas acusaciones y aseguró que el programa no crea impuestos, no autoriza expropiaciones ni permite al Gobierno fijar el precio de venta de las viviendas.
Por su parte, la Sedatu presenta el POZMVM como un instrumento de coordinación y recomendaciones para orientar el crecimiento urbano, sin sustituir los planes municipales de desarrollo. De acuerdo con el portal oficial del proyecto, la consulta pública se desarrolla del 24 de septiembre al 22 de noviembre de 2026.
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