México carece de refugios especializados contra la trata de personas que reciban a hombres adultos, pese a que el país dispone de 14 establecimientos para atender a víctimas de explotación sexual y laboral, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos. En su Informe sobre Trata de Personas 2026 también señaló la escasez de espacios para adolescentes varones mayores de 16 años y las dificultades que enfrentan las mujeres que necesitan ingresar con hijos de esa edad.
El diagnóstico exhibió irregularidades en la protección de menores. En octubre de 2025, las autoridades mexicanas trasladaron a 80 niños de un albergue que administraba una organización civil hacia un establecimiento gubernamental en la Ciudad de México, después de que surgieron acusaciones por presuntos abusos sexuales y servidumbre doméstica.
- El Tip: La dependencia también halló deficiencias que afectan el acceso a atención médica y acompañamiento psicológico.
Un mes después, el Gobierno permitió que 32 menores regresaran al refugio original, una decisión que, según el Departamento de Estado, provocó preocupaciones sobre el riesgo de que las víctimas sufrieran nuevos abusos.
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Durante 2025, detalla, las instituciones mexicanas identificaron a mil 743 víctimas de trata, frente a las 860 del año anterior. Sin embargo, únicamente reportaron servicios de asistencia para mil 57 personas, a través de dependencias públicas y organizaciones con apoyo gubernamental. La cifra superó las 381 atenciones de 2024, aunque EU advirtió inconsistencias y posibles duplicidades en los registros.
Del total de beneficiarios, 532 correspondieron a explotación sexual, 189 a trabajos forzosos y 336 a modalidades sin precisar. El Gobierno tampoco proporcionó información completa sobre los servicios que recibieron, lo que impide conocer el alcance de las medidas de protección.
En materia de reparación del daño, México reportó apoyos y compensaciones por 60 millones 890 mil pesos para 71 víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos y trata. No obstante, el Gobierno no precisó cuántos afectados recibieron efectivamente las indemnizaciones que ordenaron los tribunales contra los responsables de estos delitos.
