La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó cinco mil 243 millones 303 mil 554 pesos pendientes de aclarar en 42 auditorías a municipios de diez estados del país, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025.
Las irregularidades que documentó el organismo dieron lugar a 128 pliegos de observaciones, instrumentos mediante los cuales comunica posibles daños o perjuicios económicos a la Hacienda Pública.
Estos 42 municipios concentraron casi seis de cada diez pesos pendientes de aclaración en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025, al acumular cinco mil 243 millones de los nueve mil ocho millones de pesos que cuantificó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
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Datos de la segunda entrega, con corte a octubre de 2026, detallan que las revisiones abarcaron recursos por cinco mil 262 millones 731 mil 606 pesos, equivalentes al 100 por ciento del universo seleccionado. Los procedimientos comprendieron aportaciones federales, participaciones y otros fondos transferidos a los ayuntamientos.
Por entidad federativa, el Estado de México concentró el mayor monto pendiente de justificación, con mil 569 millones 436 mil 658 pesos correspondientes a tres municipios. Tecámac encabezó la relación con mil 201 millones 836 mil 65 pesos, seguido de Teoloyucan, con 204.8 millones, y Temascalapa, con 162.8 millones.
De manera individual, la revisión de Tecámac representó el importe más elevado entre las 42 auditorías. El órgano fiscalizador examinó la totalidad de los recursos que integraron la muestra y emitió tres pliegos de observaciones. En Teoloyucan, el expediente 1295 acumuló cuatro acciones de este tipo, una más que las correspondientes a la primera demarcación mexiquense.
Veracruz ocupó el segundo lugar nacional, con 942.3 millones de pesos por aclarar en diez municipios. Entre ellos destacan Soteapan, con 189.9 millones; Tempoal, con 173.3 millones, y Pajapan, con 93.3 millones. La relación también incluye a Chontla, El Higo, Ilamatlán, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacan, Landero y Coss, así como Moloacán.
Jalisco registró 903.7 millones de pesos bajo revisión, distribuidos en once ayuntamientos, la mayor cantidad de administraciones municipales que figura para una sola entidad. Tequila reportó 147.6 millones, Cihuatlán alcanzó una cifra similar y Bolaños acumuló 116 millones. Otros expedientes corresponden a Amacueca, Chiquilistlán, Gómez Farías, La Manzanilla de la Paz, Quitupan, San Martín de Bolaños, Techaluta de Montenegro y Tecolotlán.
Yucatán sumó 537 millones de pesos pendientes de aclaración en tres localidades. Valladolid concentró 342.9 millones, la segunda cifra individual más alta de esta revisión nacional, mientras que Peto registró 134 millones y Conkal otros 60.1 millones.
Nuevo León acumuló 451.2 millones de pesos en seis auditorías municipales. Sabinas Hidalgo presentó el mayor importe estatal, con 161.1 millones. Zacatecas, por su parte, reportó 322.9 millones pendientes en cinco localidades, entre ellas Sain Alto, Juan Aldama y Tlaltenango de Sánchez Román.
Sinaloa aparece en la relación con una revisión al municipio de Angostura, donde la ASF identificó 194.2 millones de pesos por aclarar. Aguascalientes registró 165.8 millones correspondientes a Tepezalá, mientras que Chihuahua sumó 95.9 millones en Buenaventura y Tamaulipas otros 60.9 millones en Antiguo Morelos.
Dentro de los resultados generales, el organismo contabilizó 42 registros con observaciones y acciones, además de los 128 pliegos. El documento no reporta reintegros para este conjunto de auditorías, a diferencia de otros apartados de la fiscalización del gasto federalizado.
La ASF precisa en su metodología que los montos por aclarar corresponden a importes que, al cierre de los trabajos, carecían de documentación comprobatoria o justificativa suficiente para acreditar la aplicación de los recursos, o cuya recuperación todavía debía acreditarse. Su cuantificación no constituye por sí misma una determinación definitiva de desvío.
Además, los pliegos de observaciones forman parte de los procedimientos para que las entidades fiscalizadas presenten los elementos necesarios que permitan justificar las operaciones o, en su caso, realizar los reintegros correspondientes dentro de los plazos establecidos.
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MSL
