Más de 79 mil cuerpos permanecían sin identificar en México al cierre de 2024, de acuerdo con una estimación de Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva. En este Día de Muertos, el rezago forense mantiene abierta la incertidumbre de familias que buscan a sus seres queridos, sin saber si sus restos están bajo resguardo del Estado.
Mientras millones de hogares colocan fotografías, veladoras y flores de cempasúchil para recordar a sus difuntos, otras familias llegan al 1 y 2 de noviembre sin una tumba que visitar, ni la certeza de que la persona desaparecida haya muerto.
La estimación de las organizaciones, construida con información de las comisiones locales de búsqueda e investigaciones periodísticas, se suma al diagnóstico de la Plataforma Ciudadana de Fosas, impulsada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (UIA), que documentó más de 72 mil cuerpos y restos humanos sin identificar bajo custodia de instituciones públicas.
- El Dato: familias buscadoras acudirán este lunes a la fosa común de Ciudad Juárez para exigir que les garanticen que sus desaparecidos no están en el Semefo de esa localidad.
Los conteos tienen diferencias metodológicas y no son directamente comparables, pero muestran la magnitud de una crisis que México enfrenta sin un registro nacional plenamente homologado que permita conocer cuántas personas fallecidas continúan sin identidad y dónde se encuentran. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ofrecen otra medida de la presión sobre los servicios periciales y médicos forenses: durante 2024 recibieron 100 mil 19 cadáveres; al cierre del año, 10 mil 45 permanecían almacenados en anfiteatros. Además, reportaron el egreso de siete mil 174 cadáveres no identificados.
“El dato no representa el total de personas fallecidas sin identificar en el país, pues no incluye necesariamente todos los cuerpos y restos que se encuentran en fosas comunes, panteones ministeriales y otros espacios de resguardo”, explicó Magdalena Mijangos, médico forense en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La especialista señaló que la emergencia rebasa la falta de instalaciones. Refirió que el diagnóstico de la Ibero advierte sobre metodologías distintas, bases de datos incompatibles y capacidades técnicas desiguales entre las fiscalías estatales y la federal, lo que dificulta cruzar información genética e identificar a las víctimas: “A ello se suman la insuficiencia presupuestaria, la falta de personal especializado y la saturación de los servicios forenses”.
Para Ángel Ruiz, investigador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, la atención a esta crisis no se ha consolidado como una política de Estado que coordine a las instituciones responsables de la identificación humana.
- 70 Mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado: CIDH
En un análisis publicado en enero de 2026, advirtió que parte de la infraestructura creada está orientada al almacenamiento de cuerpos, sin condiciones necesarias para identificarlos. De acuerdo con su revisión, de los 19 centros de identificación financiados desde 2022, sólo siete eran funcionales. Además, únicamente el Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila era reconocido como independiente por las autoridades estatales que reportan información al Inegi.
“La crisis forense prolonga la tragedia de las desapariciones. Para las familias, no saber si una persona está viva o muerta representa una incertidumbre que puede extenderse durante años”, señaló.
Esa falta de respuestas puede llevar a una madre a seguir buscando a su hijo mientras sus restos permanecen en una morgue, o a una familia a entregar muestras genéticas sin conocer si existe alguna coincidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre desapariciones en México, publicado en mayo de 2026, recogió estimaciones independientes de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado. También documentó que, a junio de 2025, había más de 128 mil personas desaparecidas.
El organismo advirtió que los esfuerzos de identificación humana han tenido una efectividad muy limitada. Por ello, recomendó fortalecer los centros especializados, impulsar identificaciones masivas, mejorar la coordinación institucional y garantizar el resguardo adecuado de los cuerpos y su entrega digna a las familias.
“El problema es que encontrar restos humanos no significa necesariamente encontrar a una persona. Para devolverle su identidad se requiere reconstruir su historia mediante registros, huellas dactilares, información odontológica, perfiles genéticos y otros elementos que permitan establecer quién era”, explicó Efraín Gómez, médico forense en Puebla.
En 2022 se reformó la ley en materia de desaparición para establecer herramientas como el Centro Nacional de Identificación Humana, con el propósito de fortalecer las capacidades de identificación masiva y atender el rezago. Sin embargo, las organizaciones civiles han advertido dificultades para articular a las fiscalías, las comisiones de búsqueda, los servicios médicos forenses y las instituciones que procesan información genética.
La Plataforma Ciudadana de Fosas plantea homologar los registros, garantizar la trazabilidad de cada cuerpo e intercambiar información entre instituciones. También demanda colocar en el centro a las familias, quienes han impulsado búsquedas e investigaciones ante las omisiones oficiales. Para ellas, otro Día de Muertos transcurre entre la ausencia y la incertidumbre: sin saber dónde están sus seres queridos o si los restos resguardados por alguna institución les pertenecen.
“La crisis forense revela así otra dimensión de la violencia en México: no basta con que una persona deje de estar desaparecida para que su familia encuentre tranquilidad. También se necesita que el Estado sea capaz de identificarla, reconocer su historia y devolverla dignamente a casa”, expresó Gómez.
Violencia apagó la vida de 451 menores en 9 meses
| Por Claudia Arellano |
En México, la violencia arrebató la vida a 451 niñas, niños y adolescentes entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con cifras difundidas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que llamó a recordar a las víctimas y exigir garantías para que las infancias puedan crecer libres de violencia.
“En el marco del Día de Muertos Chiquitos, la organización recordó a las niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de feminicidio u homicidio doloso, los recordamos”, dijo la organización, que añadió que detrás de cada cifra hay vidas, sueños y futuros que fueron interrumpidos.
De acuerdo con los datos presentados por Redim, de las 451 víctimas registradas durante los primeros nueve meses del año, 352 fueron asesinadas con armas de fuego, lo que evidencia la dimensión de la violencia armada que afecta a la población infantil y adolescente. Señaló que los derechos de las infancias no deben quedar en el olvido y recordó que vivir, crecer, desarrollarse y estar libres de violencia son garantías que el Estado tiene la obligación de proteger.
- 352 Menores fueron asesinados con arma de fuego
A través de un mensaje con motivo de esta conmemoración, Redim convocó a convertir la memoria de las víctimas en una exigencia de protección para quienes actualmente viven en el país, así como en un llamado a las autoridades para generar condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes desarrollarse en entornos seguros: “Niñez protegida, libre y digna. Niñez Primero”.
La conmemoración del Día de Muertos Chiquitos, dedicada a recordar a las niñas y los niños fallecidos, adquiere así una dimensión de denuncia frente a la violencia que afecta a las infancias mexicanas y a la obligación de garantizar su derecho a la vida y a una existencia libre de agresiones.