Un juez federal de Florida rechazó la petición urgente de Inés Gómez Mont para impedir su traslado a otro centro de detención migratoria, pero dio al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) hasta el 4 de noviembre para justificar su permanencia bajo custodia.
La decisión responde a un recurso de habeas corpus que presentó la exconductora para que la justicia estadounidense revise la legalidad de su detención y determine si existen fundamentos para mantenerla privada de la libertad.
Gómez Mont permanece bajo custodia migratoria en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, a 55 kilómetros de Miami, de acuerdo con los registros del ICE.
- 13 Millones de pesos le atribuye la SHCP por defraudación fiscal
El expediente judicial 0:26-cv-63085, radicado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, revela que Gómez Mont presentó el recurso el sábado 31 de octubre, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su captura en Estados Unidos.
La petición invoca el artículo 2241 del título 28 del Código de ese país, que permite acudir a un tribunal federal para cuestionar la legalidad de una detención.
Su abogado John Pratt, solicitó una orden de restricción temporal y una medida cautelar preliminar para impedir que las autoridades migratorias la transfieran a otra instalación mientras el tribunal de EU examina su situación.
Como parte de la petición, entregó cuatro anexos, entre ellos una captura de pantalla del sistema electrónico de localización de detenidos del ICE, expedientes médicos y registros del tratamiento de su hija. También un proyecto de resolución judicial para consideración del juez.
- 2 Millones 950 mil pesos por desvío de recursos públicos
Aunque el registro público permite identificar los documentos, el tribunal restringió su consulta, por lo que no es posible conocer su contenido ni determinar qué circunstancias médicas o familiares expuso Gómez para solicitar la intervención de la justicia estadounidense.
La restricción también alcanza la demanda principal y otras actuaciones del expediente, conforme a la Regla Federal de Procedimiento Civil 5.2. Lo que impide examinar íntegramente los argumentos de la defensa, aunque el sistema judicial conserva información pública sobre las solicitudes y las decisiones del magistrado. En una primera resolución, el juez Jeffrey T. Kuntz negó la medida de emergencia al considerar que carece de jurisdicción para impedir que las autoridades migratorias la transfieran a otra instalación. El magistrado citó disposiciones de la legislación estadounidense que atribuyen al Gobierno federal facultades discrecionales sobre ese tipo de decisiones.
Sin embargo, la negativa no puso fin al procedimiento. Mediante una segunda orden, emitida también el 31 de octubre, Kuntz exigió a los demandados presentar sus argumentos a más tardar el miércoles 4 de noviembre para explicar por qué el tribunal no debería conceder la petición principal de habeas corpus.
De acuerdo con los registros judiciales, ambas resoluciones ocurrieron el mismo día en que la defensa presentó su recurso. La primera rechazó la protección cautelar contra el traslado, mientras que la segunda abrió paso a la revisión de la petición principal. Ninguna de las actuaciones públicas acredita que las autoridades hayan ejecutado una transferencia o que exista una determinación definitiva sobre la legalidad del arresto.
El expediente federal registra seis actuaciones del 31 de octubre: la demanda principal, la moción de emergencia, su notificación y las dos órdenes judiciales. Será el 4 de noviembre cuando vencerá el plazo para que las autoridades respondan a la petición de habeas corpus.
Aquí le esperan tres órdenes de captura
| Por Elizabeth Hernández |
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, aclaró que Inés Gómez Mont permanece detenida en Estados Unidos por motivos migratorios y advirtió que, si las autoridades de ese país deciden deportarla, México ejecutará de inmediato las tres órdenes de aprehensión que enfrenta por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que la exconductora, detenida el pasado 30 de octubre en Florida, enfrenta acusaciones relacionadas con un presunto esquema de desvío de recursos públicos mediante contratos por dos mil 450 millones de pesos, e irregularidades fiscales por la evasión de más de 13 millones de pesos en impuestos.
Una de las órdenes de aprehensión corresponde a una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos derivan de expedientes que integró la Fiscalía Especializada de Control Competencial por defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con las investigaciones federales, Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales dinero de origen ilícito mediante una red de empresas fantasma que permitió desviar y triangular recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
- El Dato: La fiscal reiteró que su responsabilidad institucional consiste en conseguir que la exconductora comparezca ante la justicia mexicana por los cargos que se le imputan.
El esquema bajo investigación involucra contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos, originalmente destinados a la seguridad del sistema penitenciario.
Según la fiscalía, las compañías habrían simulado operaciones comerciales para canalizar fondos públicos y ocultar su destino, aunque la FGR no precisó cuánto dinero habría recibido la exconductora.
A estas acusaciones se suman las irregularidades que las autoridades fiscales identificaron en las declaraciones de ingresos correspondientes a 2014 y 2016. La FGR sostiene que Gómez Mont reportó cantidades inferiores a las que realmente obtuvo durante esos ejercicios, lo que habría provocado una omisión superior a 13 millones de pesos en el pago de impuestos. Advirtió que las conductas investigadas afectan recursos que deberían financiar servicios públicos: “Cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos”, expresó en su mensaje.
Las gestiones para llevar a Gómez Mont ante la justicia mexicana comenzaron en septiembre de 2025, cuando la Fiscalía solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición. A partir de esa petición, la institución trabajó con el Departamento de Justicia estadounidense para integrar la solicitud formal.
Durante las últimas semanas, ambas autoridades intercambiaron información relacionada con el caso y México entregó las tres órdenes de aprehensión vigentes. Sin embargo, Godoy aclaró que la captura respondió a motivos migratorios y no al procedimiento de extradición que han promovido desde el Gobierno.
El eventual regreso de Gómez Mont permitiría llevarla ante los tribunales mexicanos, aunque las acusaciones en su contra todavía deberán someterse a revisión judicial. Godoy subrayó que las tres órdenes de aprehensión no constituyen una declaración de culpabilidad y recordó que corresponde a los jueces examinar las pruebas, respetar el debido proceso y determinar su responsabilidad.
Expertos no ven variación mayor en políticas hacia México
