El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como “Ley Antimemes”, que establece nuevas obligaciones para proveedores de internet y plataformas digitales, entre ellas contar con protocolos para atender avisos sobre contenidos que presuntamente infrinjan derechos de autor y aplicar medidas contra usuarios reincidentes.
En términos generales, la reforma plantea que los proveedores establezcan políticas para suspender o terminar el servicio a usuarios que incurran reiteradamente en infracciones. También contempla que puedan asumir responsabilidad bajo determinados supuestos cuando sus servicios estén relacionados con violaciones a derechos de autor y propiedad intelectual.
El proyecto faculta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para aplicar sanciones de entre 5 mil y 40 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), según el caso. La multa máxima equivale a cuatro millones 692 mil 400 pesos con el valor diario de la UMA vigente en 2026.
Oposición advierte afectaciones a libertad de expresión
La reforma no crea una categoría jurídica llamada “meme” ni establece una prohibición general para compartir contenido humorístico. Sin embargo, la oposición advirtió que las obligaciones y sanciones podrían incentivar el retiro preventivo de publicaciones y afectar la libertad de expresión.
El dictamen fue aprobado en fast track, tras un debate de poco menos de dos horas, con 72 votos a favor y 37 en contra en lo general, y 70 a favor, 37 en contra y cero abstenciones en lo particular. Morena, PT y PVEM respaldaron la propuesta, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El pleno dispensó el plazo reglamentario de 24 horas para publicar el dictamen y la segunda lectura, por lo que se discutió y votó en la misma sesión.
El presidente de la Comisión de Economía, Emanuel Reyes Carmona, sostuvo que la reforma no establece censura previa ni obliga a vigilar todos los contenidos de internet. Defendió que busca proteger el trabajo creativo y armonizar la legislación mexicana con los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La reforma entrará en vigor 180 días naturales después de su publicación.
La senadora de PRI, Claudia Anaya Mota, cuestionó la falta de claridad sobre quién determinará la reincidencia y bajo qué procedimiento se podrá suspender el servicio. Su moción para devolver el dictamen a comisiones fue rechazada.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, advirtió riesgos para la neutralidad de la red, la privacidad y la libertad de expresión.
Por el PRI, Manuel Añorve Baños, sostuvo que la reforma podría propiciar la autocensura. “No queremos proveedores convertidos en policías de lo que pensamos. No queremos empresas en jueces de lo que podemos publicar”, afirmó.
Gina Campuzano González, del PAN, también alertó que la legislación podría utilizarse para retirar investigaciones periodísticas, denuncias de corrupción, videos y memes críticos. “No venimos a defender la piratería. Venimos a denunciar el riesgo de censura”, sostuvo.
Tras su aprobación, el proyecto de decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.
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cehr