Por primera vez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de organismos electorales con la colaboración directa de informantes que aportan testimonios, documentos, fotografías, videos, mensajes de WhatsApp e incluso información financiera para solicitar una reducción de sanciones.
De acuerdo con una tarjeta informativa y una infografía difundidas por el organismo, los elementos recabados han permitido documentar indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas posiblemente intervinieron en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.
Las personas colaboradoras buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones. Su participación permite obtener información de quienes conocerían cómo operaron durante varios años las presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios.
Además de los documentos y registros audiovisuales, la ASF recibió domicilios, nombres y alias de personas presuntamente involucradas. Señaló que continuará las indagatorias para identificar a más participantes, seguir el destino de los recursos públicos y promover las responsabilidades correspondientes.
- El Dato: La ASF identificó compras bajo un esquema de simulación ligado a Taddei en 13 estados; además, mantiene revisión a 22 de los 32 organismos electorales locales.
La información difundida no precisa cuántos informantes participan, qué contratos específicos están relacionados con sus aportaciones ni si ya se les autorizó algún beneficio. Tampoco permite establecer que la entrega de materiales implique, por sí misma, una reducción de sanciones o una determinación definitiva de responsabilidades.
El señalamiento sobre los requisitos técnicos coloca entre las líneas de investigación la posible intervención de particulares en las condiciones de contratación. La Auditoría Superior busca esclarecer si esas especificaciones se definieron para favorecer a determinadas compañías y quiénes habrían participado en los procedimientos.
El anuncio ocurre en medio de los cuestionamientos sobre la relación entre funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas proveedoras, así como de las investigaciones posteriores a la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo.
En las últimas semanas, medios de comunicación difundieron videos y fotografías en los que aparecen la exconsejera y funcionarios del INE junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, socio de Cajas Graf y otras compañías proveedoras del instituto.
Las publicaciones señalan presuntos vínculos entre el empresario y la entonces presidenta, incluidos encuentros sociales, regalos y viajes. También recogen acusaciones sobre posibles acuerdos para distribuir recursos provenientes de licitaciones con precios inflados.
Esos señalamientos deberán ser contrastados por las autoridades con los expedientes de contratación, los movimientos financieros y los demás elementos que se incorporen a las investigaciones. La difusión de imágenes o testimonios no sustituye los procedimientos para acreditar irregularidades y determinar responsabilidades.
La Auditoría sostuvo que mantendrá las investigaciones para reconstruir la operación de las contrataciones y esclarecer la participación de empresas y personas servidoras públicas.
El objetivo, indicó, es identificar a los presuntos involucrados, rastrear los recursos y que se impongan las sanciones a quien corresponda.
Revela CSP contratos con firma acusada en Colombia
| Por Yulia Bonilla |
Una empresa señalada de colaborar en un supuesto fraude en la última elección presidencial en Colombia tuvo contratos en México, reveló la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Sin precisar de quién se trata, comentó durante su conferencia matutina que una de las firmas denunciadas por el expresidente colombiano, Gustavo Petro, fue la encargada de la producción de boletas en la elección de Coahuila.
“Fíjense lo que descubrí ayer, por cierto, porque sigo leyendo. ¿Se acuerdan de que Petro acusó a una empresa, en la última elección del presidente de Colombia, de ser parte del fraude electoral? Pues esa empresa también está en México, yo no sabía. Fue quien hizo las boletas para Coahuila ahora en la última elección”, declaró la mandataria.
Por ello, insistió en que las contrataciones de los órganos electorales deben transparentarse y se debe garantizar la competencia entre las empresas, así como proceder con sanciones en aquellos casos en donde se encuentren anomalías.
- El Tip: La Presidenta Sheinbaum insistió en que “Taddei traicionó al pueblo”. Argumentó que AMLO no podía conocer en 2023 los hechos que posteriormente salieron a la luz.
“Y lo más importante, como lo he dicho, ahora es que el INE tiene que sanearse, tienen que establecerse, desde mi punto de vista, aunque es un organismo autónomo, lineamientos de licitación que no lleven a la contratación de monopolios, de duopolio, que acaben por encarecer la elección y por generar una corrupción que venía de hace tiempo”, dijo.
Sheinbaum Pardo compartió que, entre los hallazgos de las contrataciones irregulares, incluso desde la gestión del exconsejero Lorenzo Córdova, se encontró que los mismos lineamientos establecían condiciones que sólo podían ser cumplidas por determinadas empresas y que eran las que obtenían los contratos.
“El viernes me platicaban de cómo el INE, desde Lorenzo Córdova y no sé si desde antes, pero desde Lorenzo Córdova determina los lineamientos para las contrataciones, incluso de las Oples y dicen: ‘La urna tiene que tener esta medida exactamente y tiene que usar las grapas de no sé qué tipo’. Y esas grapas nada más las usa una empresa”, dijo.
A raíz de estos señalamientos, pidió a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que investigue la información pública con la que se cuenta.
Tras paro, logra personal de módulos alza de 6%
| Por Tania Gómez |
Los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) consiguieron un aumento salarial inicial de seis por ciento, luego de una jornada de protestas y suspensión de actividades en distintas entidades para exigir mejores percepciones y condiciones laborales. La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, se comprometió además a revisar un incremento adicional a partir de enero de 2027.
La movilización comenzó este lunes por la mañana, cuando empleados de distintos módulos se concentraron en las oficinas centrales del organismo, al sur de la Ciudad de México.
La protesta incluyó consignas contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta, por los señalamientos de presuntas irregularidades durante su gestión. Los trabajadores adaptaron canciones para acusarla y una de las consignas, “todos queremos París a nuestros pies”, aludió a un viaje a la capital francesa del hijo de Taddei, llevado por el proveedor Alfredo Hernández Casillas, episodio que habría sido exhibido en un video.
Los manifestantes bloquearon durante unos 10 minutos los dos carriles centrales de Periférico Sur, frente a la sede del instituto, y después regresaron a las instalaciones mientras una comisión de seis representantes de los trabajadores se reunió con las consejerías electorales.
- El Dato: Durante su conferencia de prensa mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Consejo General del INE atender las demandas de los trabajadores.
El paro no fue generalizado. En el módulo 090751, en Plaza Oriente, alcaldía Gustavo A. Madero, 11 de los 12 empleados acudieron a trabajar y sólo uno se sumó al paro, por lo que se mantuvo la atención. Carmen Jannet Romero, vocal del Registro Nacional de Electores, explicó que el personal comparte las demandas, pero optó por no interrumpir el servicio.
La consejera Carla Humphrey informó en conferencia posterior que, de 841 módulos, 544 registraron suspensiones parciales o totales (64.7 por ciento) y 297 siguieron operando (35.3 por ciento). Estado de México, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y Querétaro tuvieron más centros afectados; en Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala pararon todos.
Las entidades con mayor número de módulos de atención ciudadana operando ayer fueron Yucatán, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas y Querétaro.
Los inconformes habían rechazado que el aumento de seis por ciento anunciado previamente por el INE respondiera a sus necesidades y plantearon que requerían al menos el equivalente a dos salarios mínimos adicionales. Sin embargo, tras varias horas de diálogo, las partes acordaron el seis por ciento como incremento inicial, mantener abierta la negociación y atender las deficiencias en los espacios de trabajo y el respeto a los derechos laborales.
“De ninguna forma somos migajeros”, manifestaron los trabajadores, al tiempo que cuestionaron los ingresos de consejeros electorales, directores ejecutivos, titulares de unidades y vocales. Propusieron que una reducción de los sueldos de los mandos superiores permitiría liberar recursos para mejorar las condiciones de quienes atienden a la ciudadanía.
Al término de las negociaciones, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, explicó que el seis por ciento es lo que el instituto puede cubrir con economías y ajustes presupuestales: “La base acordada es seis por ciento que anunciamos porque habíamos detectado que de nuestras propias economías o de esta redistribución que pudiéramos hacer, podíamos ofrecer ese porcentaje”.
Aclaró que el acuerdo no cierra la negociación. El INE deberá conocer primero cómo quedará su presupuesto de 2027 tras el recorte anunciado por la Cámara de Diputados, y qué recursos puede reasignar sin comprometer actividades prioritarias: “Empezaríamos a hacer revisiones para ver si podemos ir ofreciendo un porcentaje adicional. Esto sería a partir de enero del 27”, indicó. Precisó que no es posible modificar percepciones durante el cierre administrativo de 2026.
Cruz refrendó que a partir del próximo año ninguno de los consejeros o altos mandos del INE tendrá un salario superior al de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “En el presupuesto que se presentó para el 2027 ya trae esa reducción en los salarios, no sólo de consejerías, sino de altos mandos. Así es que esto (...) va a estar en todos los niveles como una obligación”.
Sobre las condiciones laborales, los representantes expusieron problemas de mantenimiento, instalaciones sanitarias, accesos, falta de papelería y materiales de limpieza, y la necesidad de personal de vigilancia y limpieza.
Cruz García informó que se atenderán durante el último bimestre del año, tras una revisión de las necesidades de cada oficina por parte de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y las áreas administrativas. “Tenemos 841 módulos de atención ciudadana en todo el país y sabemos que tienen necesidades diferentes”, dijo. También se revisarán jornadas y días de descanso, y se garantizarán 30 minutos para comer.
Ante el temor de represalias, la presidenta provisional aseguró que se instruyó a las delegaciones permitir las expresiones de inconformidad. “No iba a haber ningún acto administrativo levantado, ni ningún descuento, ni ninguna represalia”, afirmó, y añadió que cualquier denuncia de intimidación será revisada individualmente.
Carla Humphrey reconoció la labor del personal de los módulos, principal punto de contacto entre el Instituto y la ciudadanía para tramitar la credencial para votar. El INE se comprometió a restablecer este martes la operación de todos los módulos y a contactar a quienes perdieron su cita para reprogramarla. Cruz García aseguró que los servicios se regularizarán durante esta semana.
INE deja pendiente dos años compra de equipo
| Por Tania Gómez |
El Instituto Nacional Electoral (INE) dejó sin ejercer 49 millones 545 mil pesos que había autorizado desde 2024 para adquirir escáneres de huellas dactilares y de documentos destinados a los Módulos de Atención Ciudadana. La compra no se concretó y, dos años después, el organismo canceló la autorización para utilizar esos recursos del fideicomiso destinado a infraestructura y mejoramiento de dichos espacios.
Ayer, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana realizaron un paro de labores para exigir un alza salarial y denunciar las condiciones en las que operan estos espacios, como el uso de equipos de cómputo y dispositivos con varios años de antigüedad y requieren ser renovados. La protesta puso sobre la mesa las carencias de infraestructura y equipamiento que enfrenta parte de estos centros.
La falta de ejecución de los recursos aprobados para adquirir equipos destinados a los Módulos de Atención fue cuestionada durante la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del INE del pasado 23 de septiembre. En esa reunión, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, expuso inconsistencias en distintos proyectos financiados con el fideicomiso para infraestructura y mejoramiento de módulos.
- El Dato: La ASF mantiene tres pliegos de observación a la Cuenta Pública de 2024 del INE, que señalan un posible daño al patrimonio público por 66.5 millones de pesos.
A la sesión no asistió la entonces consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, por lo que fue presidida por Roberto Carlos Félix López, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva.
De acuerdo con el segundo informe trimestral de 2026 sobre el avance de los acuerdos del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos, el proyecto contemplaba inicialmente la adquisición de dos mil cuatro escáneres de huellas decadactilares, por 30 millones 875 mil 519.78 pesos, y mil 829 lectores de documentos, con un costo estimado de 18 millones 670 mil 432 pesos.
La autorización correspondía al acuerdo 07/2024, aprobado el 27 de junio de ese año. Sin embargo, la adquisición permaneció pendiente mientras el INE actualizaba especificaciones técnicas y realizaba investigaciones de mercado. En marzo de 2024 comenzaron las cotizaciones; en noviembre solicitó actualizar propuestas a cinco proveedores y, durante 2025, modificó los requerimientos y pidió información a otras empresas.
Para 2026, el organismo determinó que necesitaba incrementar la cantidad de equipos: pasó de dos mil cuatro a tres mil 432 escáneres de huellas y de mil 829 a dos mil 955 lectores de documentos. El aumento de dos mil 554 unidades obligaba a tramitar una nueva autorización.
- 3,833 Equipos autorizados no se compraron por el organismo
El 26 de junio de 2026, mediante el acuerdo 06/2026, el Comité Técnico dejó sin efectos la autorización original. Cuatro días después, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores solicitó liberar los 49.5 millones de pesos y reincorporarlos a la disponibilidad del fideicomiso. El informe reportó cero recursos ejercidos y la liberación de la totalidad del monto.
Aunque el documento registró avances administrativos de 40 por ciento para los escáneres de huellas y de 15 por ciento para los lectores de documentos, esos porcentajes no corresponden a equipos adquiridos. La compra no se realizó.
Entre los señalamientos del OIC también estuvo el acuerdo INE/JGE10/2022, que autorizó dos millones 96 mil pesos para mejorar 16 módulos. Pese a que el proyecto aparecía como concluido, el informe registraba cero pesos ejercidos, la totalidad del dinero como remanente y ningún módulo atendido.
El órgano cuestionó que el proyecto figurara como terminado sin que se hubiera ejercido el presupuesto ni realizado las mejoras previstas. Por ello, solicitó explicar qué ocurrió con los recursos y por qué se reportó como concluido.
Otra observación se relacionó con los 51 millones 68 mil 460.88 pesos autorizados mediante el acuerdo INE/JGE08/2024 para comprar dos mil 309 computadoras de escritorio, 936 portátiles, 150 servidores y unidades de energía ininterrumpida para los módulos. El informe reportaba cero pesos ejercidos del fideicomiso, aunque en otro apartado señalaba que los bienes informáticos sí habían sido adquiridos. La diferencia se explica porque el INE cambió la fuente de financiamiento: en octubre de 2024 informó que cubriría la compra con ahorros y economías del presupuesto institucional, en lugar de utilizar los recursos fiduciarios.
Por esa razón, el 31 de diciembre de ese año se canceló la autorización para disponer de los 51 millones de pesos del fideicomiso, aunque los equipos sí fueron comprados con recursos presupuestales. El OIC pidió precisar esta información para distinguir entre la cancelación del financiamiento original y la adquisición efectiva de los bienes.
El OIC también detectó una diferencia de un millón 725 mil 557 pesos en cuatro acuerdos aprobados entre 2025 y 2026. Mientras que el informe reportaba ministraciones por cinco millones 172 mil 89 pesos, el gasto ejercido y comprobado ascendía a tres millones 446 mil 531 pesos, por lo que solicitó conciliar los montos y explicar el destino de la diferencia.Durante la sesión, Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, respondió a los señalamientos del contralor y reconoció que las observaciones debían incorporarse al documento.
Pese a que los recursos para los escáneres fueron autorizados desde junio de 2024, la adquisición nunca se concretó. Los 49.5 millones de pesos regresaron a la disponibilidad del fideicomiso, mientras los módulos continúan con el equipo en las condiciones que señalan los trabajadores.
CSP admite el respaldo de AMLO a exconsejera
| Por Yulia Bonilla |
Durante la conferencia del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre las declaraciones, retomadas por los medios, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio su respaldo a Guadalupe Taddei Zavala al asegurar que provenía de una familia progresista a la que conocía y la describió como una persona profesional, honesta e íntegra.
La mandataria explicó que el expresidente expresó su respaldo a Taddei porque, dos años atrás, pensó que era una persona honesta, por lo que sostuvo su opinión respecto a que la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE) “traicionó” al pueblo.
Sheinbaum argumentó que los hechos modificaron el apoyo atribuido: “Sí, pero fíjate, dos años después ¿qué pasó?... Porque puedes pensar un tema y después, cuando ocurre otra cosa, pues hay que decirlo… y nosotros lo dijimos. Y, desde mi punto de vista, Guadalupe Taddei venía de ese grupo que se fue formando, nombrado por Lorenzo Córdova. Se pudo haber pensado que era una persona honesta, pero resultó que no”. Reiteró su postura al afirmar: “Sí, yo lo que dije y lo sostengo, es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo”.
Consultada sobre si la exconsejera debe enfrentar la pena de prisión, insistió en que esa será una decisión de la Fiscalía General de la República o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es el órgano facultado para revisar las erogaciones del instituto.
- El Dato: Pablo Taddei Arriola es director general de Litio para México desde 1 de diciembre de 2022. Su nombramiento se realizó por encargo del expresidente López Obrador.
Al insistir en que Morena no fue quien permitió la llegada de la exconsejera al INE, expuso el tablero de votación de la Cámara de Diputados que avaló las ternas en las que su nombre fue elegido para participar en la insaculación, el cual se implementó porque las bancadas no alcanzaron consenso en la designación.
En la lista mostró que la decisión contó con votos aprobatorios del PAN y PRI. Excepto Movimiento Ciudadano, que dio sus votos en contra. De esa forma, cuestionó cómo es que se acusa que Taddei fue impulsada por Morena.
“Prácticamente todos los partidos políticos aprobaron esa comisión. Si tú dices ‘todos eran de Morena’, entonces, ¿por qué el PAN votó a favor? Todos eran de Morena, entonces, ¿por qué el PRI votó a favor?”, argumentó.
Respecto a los cuestionamientos sobre el reconocimiento del expresidente Obrador y su cercanía con los Taddei, la mandataria opinó que “cada persona es distinta”, en referencia a que los lazos familiares no indican que todos hayan cometido irregularidades.
“Cada persona es distinta, que sea familiar de una u otra persona. A cada persona se le juzga… no por ser hermano, primo, sobrino, sino por su propia actuación”, declaró.
En este contexto, la mandataria advirtió que cualquier servidor público que incurra en faltas deberá ser sancionado, sin importar el partido político al que pertenezca, pero, sobre todo, cuando provengan de Morena.
“Además, les voy a decir una cosa: cualquiera que sea, de cualquier partido político y, en particular de Morena, si comete un acto de corrupción tiene que ser sancionado”, advirtió al insistir en que, para ella, lo importante es sanear al INE y dijo esperar a que los actuales consejeros “estén a la altura de esa circunstancia y que se transparente todo para que no se caiga en ningún conflicto de interés”.
