El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar entregó al presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, un paquete de propuestas para reformar el sistema anticorrupción, eliminar privilegios procesales de políticos y funcionarios, fortalecer las auditorías y modificar las fiscalías especializadas. La intención es convocar a un periodo extraordinario de sesiones en enero de 2027.
La propuesta incluye una reforma constitucional y cambios legales para sustituir el Sistema Nacional Anticorrupción, que, según el legislador, tiene limitaciones para investigar y sancionar. La propuesta busca integrar las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como planteamientos del Congreso de la Unión, la academia y organizaciones civiles.
Entre los ejes centrales propone revisar el fuero y la inmunidad procesal de legisladores y funcionarios, así como el juicio político. Planteó modificar el Código Penal Federal para fortalecer la extinción de dominio y perseguir el huachicol fiscal, la facturación falsa y operaciones simuladas.
- El Tip: Alfonso Ramírez dijo el 4 de noviembre: “la Presidenta tiene la decisión de acabar con la corrupción y la impunidad, y nosotros la vamos a acompañar en esta lucha”.
En fiscalización, propuso auditorías en tiempo real con capacidad de sanción, recuperar el carácter colegiado de las instituciones, reformar la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y mejorar la coordinación con órganos estatales. Además, busca ampliar la capacidad de las fiscalías anticorrupción y proteger a denunciantes.
El morenista aclaró que aún no está definido cuántas iniciativas integrarán el paquete ni qué artículos serán modificados, pues el trabajo está en elaboración.
- 7 Iniciativas para combatir corrupción e impunidad
En tanto, Higinio Martínez consideró que la corrupción es “un estigma” para la clase política y anticipó que la eliminación del fuero será de los temas más debatidos. Explicó que esta figura nació para proteger la libertad de expresión de los legisladores, no para evitar responsabilidades penales, aunque “puede obstaculizar la actuación de la justicia”. Para su análisis, prevén instalar tres mesas de análisis: en el Senado, en la Cámara de Diputados y una con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE.
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