La Secretaría de las Mujeres inició la revisión del protocolo nacional para que niñas, niños y adolescentes, cuyas madres fueron víctimas de feminicidio, reciban atención psicológica, médica y jurídica.
La actualización busca coordinar a las autoridades federales, los gobiernos locales y las fiscalías para facilitarles el acceso a esos servicios.
Durante la primera mesa de trabajo, encabezada por representantes de instituciones del Gobierno de México y del Poder Judicial, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, señaló que la atención a estas infancias debe convertirse en una prioridad nacional y no depender de esfuerzos aislados de las autoridades.

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“Esta atención no puede depender de esfuerzos aislados; requiere una coordinación entre las instituciones federales, los gobiernos locales y las fiscalías”, afirmó.
La actualización busca establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para que los menores accedan a servicios y apoyos sin trámites burocráticos que obstaculicen su bienestar. También plantea que permanezcan en un entorno familiar seguro y reconoce el papel de las llamadas “familias sociales” y las redes comunitarias de cuidado, para evitar su traslado a albergues cuando tengan un hogar.
El proceso se vincula con la iniciativa de Ley General en materia de Feminicidio, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que se encuentra en análisis en el Senado de la República. La propuesta contempla, entre otros aspectos, hacer obligatorio el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, al retomar sentencias como la del caso García Andrade, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

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