Alianza Federalista acusa 'justicia a modo' y respalda a Cabeza de Vaca

Gobernadores de la Alianza Federalista reprobaron el actuar de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, a quien calificó de accionar con la “víscera política y no con derecho y justicia, tras el falló en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y la procedencia de su desafuero.

A través de un pronunciamiento, los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, aseguraron que quedo demostrado el uso autoritario, faccioso y arbitrario de las instituciones democráticas del país, distorsionadas por el partido en el poder, para servirse de forma sectaria y hegemónica en torno al tema electoral.

La organización política añadió que mediante procedimientos plagados de irregularidades técnicas y jurídicas, la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados decidió proceder en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y su proceso de desafuero, pero no contra el senador de Morena Cruz Pérez Cuellar, de quien pesa acusaciones por presuntamente recibir recursos del exgobernador César Duarte.

En este panorama, enfatizó que existen “dos varas” para medir la justicia en el país, la de los opositores políticos y la de los congraciados con el régimen morenista.

Además criticaron la manera en cómo se desahogaron las pruebas en contra de García Cabeza de Vaca, pues calificaron el caso como “une espectáculo público” que fue transmitido por el Canal del Congreso y redes sociales. Además que a la Fiscalía de Chihuahua se le negó la presentación de pruebas en contra del senador Cruz Pérez Cuellar, por considerar que eran innecesarias.

De acuerdo a la Alianza Federalista, el dictamen que favoreció a Pérez Cuéllar se basó en la presunción de inocencia, además de que no se podía presumir un actuar ilegal a pesar de que contar con el hecho de haber recibido millones de pesos de manera clandestina e ilegal.

Sin embargo, el mismo beneficio no fue adoptado para el gobernador de Tamaulipas, a quien se le exhibió de manera pública de delitos, además de que se prejuzgó con suposiciones subjetivas y conjeturas en el manejo de su contabilidad financiera, que al senador morenista no.

Los mandatarios estatales aseguraron que en ambos casos se cuenta con procesos viciados, don deficiente valoración de las pruebas, información transvasada y acciones jurídicas torpes y burdas. A ello añadieron la “turbia” maniobra para reemplazar a los miembros de la Comisión Instructora con el objetivo de “votar bajo consigna de los intereses electorales y autoritarios del partido oficial”, destacó la organización.