Arrastran Graco y Blanco cárceles mal calificadas

Los penales estatales de Morelos tienen sobrepoblación, hacinamiento, deficiencias en servicios de salud y carencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, al menos desde 2011 a la fecha; lapso que incluye el fin del gobierno del panista Marco Adame Castillo, el mando completo del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu y el primer año de ejercicio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, postulado por el PES.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Morelos, que cuenta con cinco cárceles, obtuvo una calificación de 6.54 puntos en escala del 1 al 10 en 2019; esto es por debajo de la media nacional, que este año se ubica en 6.75.

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El estudio, que se realiza desde hace nueve años, revela que el peor año para las cárceles de ese estado fue 2013, cuando apenas alcanzó un puntaje de 5.49.

Entre los centros de Readaptación Social (Cereso) en condiciones críticas se encuentra el de Atlalcholoaya, en el cual se han registrado cuatro motines y nueve asesinatos en los últimos 30 días, que al último dato oficial alberga a dos mil 337 varones,;318 más de los que debería. Dicho penal obtuvo una calificación de 5.98 puntos.

En esta cárcel, la CNDH observó también condiciones como hacinamiento, deficiencias en los servicios de salud e insuficiencias en la prevención de y atención de incidentes violentos; además de problemas de higiene y falta de servicios de atención médica y de alimentación, nula capacitación del personal e insuficiencia de personal de seguridad.

También destacan el de Cuautla, donde pese a haber capacidad para 186 hombres y 36 mujeres, residen 451 y 44, respectivamente; la otra cárcel en malas condiciones es el Centro Distrital Jojutla, donde sólo caben 111 hombres y 21 mujeres, pero da alojamiento a 304 varones y 34 mujeres. Las calificaciones de éstos son 5.97 y 6.04, respectivamente.

El Dato: Luego del motín del 30 de octubre pasado, custodios de Atlalcholoaya acusaron que sus salarios eran muy bajos y no tenían ni armas.