Arrastran universidades públicas boquete por 1,577 mdp

Producto de pagos no autorizados, contratación de docentes que no cumplían con el perfil correspondiente, depósitos en “otras cuentas” o erogaciones para plazas no justificadas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles irregularidades por mil 577.2 millones de pesos atribuibles al ejercicio presupuestal de 35 universidades públicas estatales del país.

En un análisis específico al Gasto Federalizado de la Cuenta Pública del 2022, el órgano auditor encontró múltiples deficiencias en el manejo de los recursos en las que incurrieron estas casas de estudios, lo que arrojó como conclusión que 64.3 por ciento del monto por aclarar -mil 13.8 millones de pesos- se debe a problemas operativos, es decir, a la carencia de documentos con los que se justificaran gastos, la compra de bienes que no se encontraron o por servicios no realizados, entre otros.

El restante 35.7 por ciento —563.4 millones de pesos— está relacionado con problemas estructurales, es decir, cuando los planteles pagaron por plazas que no estaban autorizadas y erogaciones de más.

La falta principal en la que incurrieron las universidades fue el pago de plazas o categorías no consideradas en el catálogo de normativa, lo cual atenta contra lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, rubro en el que se detectaron inconsistencias por 438.1 millones de pesos.

Enseguida están la transferencia de recursos a “otras cuentas bancarias” por 404.8 millones de pesos; la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, por 258.4 millones y bienes adquiridos que no fueron localizados, por 118.5 millones de pesos.

El informe también expone resultados sobre la evaluación del control interno, en el que se analizó que las universidades contaran con normas de control para servidores públicos, códigos de conducta, planes para administrar sus recursos y herramientas y metas fijas que permitieran solucionar deficiencias de manera puntual.

De entre las 35 universidades revisadas, se halló que tres obtuvieron un nivel “bajo” en este punto: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nayarit.

Respecto a esta última, la ASF señaló que no acreditó tener un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos de los recursos del Gasto Federalizado y para garantizar la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.

Además, la ASF señaló a esta casa de estudios por incumplir sus obligaciones de transparencia, ya que no envió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la información de las cuentas bancarias en las que manejaba los recursos federales y estatales.

Entre las irregularidades específicas de esta casa de estudios, la auditoría identificada con el número 2022-4-99026-19-1299-2023, correspondiente a la Cuenta Pública del 2022, arrojó anomalías como el pagos a 112 docentes adscritos en dos centros de trabajo: el Instituto Mártires 20 de febrero y el Centro de Desarrollo Infantil, los cuales sólo ofrecen servicios de educación básica.

“En conclusión, la Universidad Autónoma de Nayarit no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del Gasto Federalizado, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”, señala el reporte del órgano fiscalizador.

Para enfrentar esta situación irregular detectada en general en las universidades estatales, la ASF recomendó, entre otros puntos, que la SEP incorpore mecanismos de seguimiento para conocer con oportunidad los avances en el ejercicio y comprobación de los recursos y que, además, al ser el ente coordinador del sector, ejecute actualizaciones de las plazas para ajustarlas y así combatir los pagos salariales improcedentes o en exceso.

Admiten casos de corrupción en esta gestión

Al reconocer que sí ha habido corrupción en este Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se han castigado todos los actos ilegales durante su mandato, lo cual ha permitido obtener recursos hasta por dos billones de pesos, mismos que fueron destinados a programas sociales y apoyar a los que menos tienen.

“(En este sexenio) sí hubo actos de corrupción, fueron castigados, no se permite la corrupción y hemos limpiado de corrupción el Gobierno, y el éxito depende en mucho de no permitir la corrupción.

“Por no permitir la corrupción hemos ahorrado bastante, miles de millones de pesos que antes se iban por el caño de la corrupción y ahora se han liberado y se utilizan para financiar el desarrollo, se le entregan a la gente en programas de bienestar”, aseveró en conferencia mañanera.

Añadió que la deshonestidad de los gobernantes y de particulares es lo que ha dado al traste con todo en el combate a la corrupción, “no es una pandemia, es una peste, por eso la decadencia de México se originó por la corrupción”.

Dijo que la fórmula aplicada en su administración consiste en varios criterios, como no permitir la corrupción; no hacer un Gobierno con lujos, oneroso, porque antes eso le costaba mucho al pueblo mantenerlo.

Con información de Sergio Ramírez