Broncofirmas, tumba política del indiciado

Durante el proceso electoral federal del 2018, Jaime Rodríguez Calderón manifestó su interés de participar en la contienda por la Presidencia de la República por la vía independiente.

De acuerdo con una denuncia presentada por el entonces candidato a senador Samuel García, El Bronco hizo uso de recursos públicos del estado de Nuevo León para recolectar las firmas que necesitaba para su registro.

En su denuncia, Samuel García aseguró que el gobernador obligó a por lo menos 571 servidores públicos estatales de todos los niveles a participar en la recolección de firmas incluso en sus horarios laborales. Desde entonces se empezó a hablar de las famosas “broncofirmas”.

En marzo del 2018 la Unidad de Fiscalización del INE detectó un desorden en los reportes de gastos de Rodríguez Calderón y una triangulación de recursos hacia dos empresas ubicadas en Monterrey, que no estaban vigentes dentro del Registro Nacional de Proveedores del organismo.

Entre las irregularidades detectadas, estaba el hecho de que El Bronco ocultó un pago de por 784 mil pesos a 197 supiuestos auxiliares que participaron en la recolección de firmas de apoyo para obtener su registro.

Al final, el INE le dio la razón a Samuel García y le negó el registro a Jaime Rodríguez Calderón, debido a que solo le validó 835 mil 511 firmas, cantidad insuficiente en términos legales.

Además, el órgano electoral dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León y le pidió al Congreso del estado que iniciara un procedimiento sancionador en contra del gobernador, lo cual no ocurrió.

Rodríguez Calderón impugnó la negativa del INE a concederle registro y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló a su favor, con el argumento de que el árbitro electoral no había respetado su derecho de audiencia.

El asunto de las “broncofirmas” parecía haber quedado archivado, hasta que en el 2019 Samuel García presentó una denuncia penal.