Caen sanciones por actos de corrupción

Las sanciones contra servidores públicos por corrupción y otras faltas en el cumplimiento de sus funciones han ido en descenso durante el Gobierno actual.

Los registros de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indican que, del 2018 a enero de este año, han sido inhabilitados 80 servidores públicos por varias causas, entre las cuales ocupa un lugar la corrupción.

En el 2018 fueron inhabilitados 48 trabajadores, para el año siguiente la cifra fue de 24; en el 2020 sólo fueron 10 y para el 2021, apenas uno.

Estos números contrastan con los observados en años anteriores, pues tan sólo en el 2017 se tuvo un registro de 195 inhabilitaciones a funcionarios públicos, mientras que en el 2016 fueron 214.

A poco más de tres años de administración y a pesar de ser uno de los estandartes de la estrategia de Gobierno, aún persiste la percepción de que en el país se ha avanzado poco en el combate a la corrupción, debido a que prevalece la impunidad.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2021, que realiza Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 124 entre los 180 países evaluados, lo que representa un estancamiento en comparación con el año anterior, ya que en el 2020 ocupó el mismo sitio. México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se asegura en el reporte.

A esta condición se suma el factor de la impunidad, ante la falta de sanciones administrativas o penales a servidores públicos, ya que según la organización Impunidad Cero, este índice es mayor al 90 por ciento.

Las sanciones de las que pueden ser sujetos los servidores públicos son destitución, inhabilitación, suspensión del empleo, cargo o comisión, amonestaciones públicas y privadas, sanciones económicas y rescisiones.

Los casos sobre los que se pone mayor atención son los relacionados con Odebrecht, Agronitrogenados o la llamada Estafa Maestra, definidos por este Gobierno como emblemáticos en su lucha contra la corrupción, sin que, hasta ahora, sin embargo, haya sentencias o sanciones penales.

En los casos Odebrecht y Agronitrogenados está involucrado Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien, tras haber obtenido un criterio de oportunidad, no había estado en prisión desde su extradición de España en julio del 2020, sino hasta hace apenas menos de cinco meses.

Hasta ahora, Lozoya sólo ha sido inhabilitado por 10 años por la SFP, en julio del 2020, para ejercer cualquier puesto en la administración pública, luego de haberse detectado irregularidades en la compra de la planta industrial Grupo Fertinal.

Sobre el desvío de recursos, la llamada Estafa Maestra involucra a la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, quien permanece en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto del 2019, aunque sin sentencia.

En el caso Odebrecht también está pendiente el juicio contra Jorge Luis Lavalle, exsenador del PAN, quien ya fue vinculado a proceso por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Otro de los asuntos sin resolverse es el caso de Julio César Serna Chávez, jefe de Gabinete en el anterior Gobierno capitalino y excoordinador general de la Central de Abasto (Ceda) de la Ciudad de México, detenido por enriquecimiento ilícito.

También están pendientes las extradiciones del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien es requerido en México por delitos electorales y por un presunto desvío de recursos públicos de Chihuahua, así como la del general brigadier Eduardo León Trauwitz, quien espera en Canadá su envío a México para ser enjuiciado por supuestamente apoyar el huachicol.

Tomás Zerón, quien se encuentra en libertad en Israel, a pesar de que se solicitó su extradición, es requerido por presuntos actos de tortura.

Otro por quien se solicitó la extradición es el exdiputado federal Mauricio Toledo, quien está detenido en Chile, al ser acusado de enriquecimiento ilícito desde que fue delegado en Coyoacán.

El discurso de combate a la corrupción contrasta con la negativa a investigar a funcionarios cercanos al gobierno.

Uno de los casos más recientes es el de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, a quien se señala por haber desviado recursos cuando fue presidenta municipal en Texcoco, así como el caso del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial.