"Chocan" en Comisión Permanente por caso Ayotzinapa; oposición acusa al Gobierno federal de lucrar con el tema

Legisladores de la mayoría legislativa y de la oposición se enfrentaron en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, con motivo de la nueva versión que presentó el Gobierno federal sobre lo sucedido en Ayotzinapa y la presunta complicidad de las entonces autoridades en la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.

Antes de que se clausuran de forma anticipada los trabajos de la Comisión Permanente, se dio un acalorado debate en el cual la oposición acusó al Gobierno de lucrar políticamente con este caso.

En tribuna, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, criticó el informe que expuso el subsecretario Alejandro Encinas; afirmó que la revelación del mismo fue una buena demostración de por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental.

El diputado petista, Gerardo Fernández Noroña, enfundado como legislador de Morena, de inmediato respondió que al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, e incluso al actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda, deben fincárseles cargos penales por la desaparición de los normalistas. 

La senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, aseveró que nada puede justificar la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero; reprochó que la tragedia se haya debido a “la insensibilidad, la ineptitud, la corrupción y la mentira de un régimen que se vanagloriaba en la soberbia y el autoelogio”.

En el mismo sentido, se manifestó el senador del Partido Verde, Israel Zamora, quien dijo que lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 constituye una página de infamia en la historia de México.

Al respecto, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, expresó a nombre de los priistas, su solidaridad con las víctimas de “esa trágica noche” y con sus familias; pero también hizo un enérgico llamado a observar escrupulosamente el debido proceso, la proporcionalidad de las medidas cautelares dictadas, la correcta investigación de los hechos, la correcta tipificación de los hechos y a respetar la presunción de inocencia.

Subrayó que durante la pasada administración federal no se escatimaron esfuerzos para encontrar a los estudiantes normalistas y para castigar a los responsables. Ante ello, exteriorizó el respaldo de la bancada al exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Lo digo de frente, pero lo digo con claridad: respaldamos totalmente al exprocurador general de la República, quien junto con otros funcionarios de la administración pasada trabajó arduamente para esclarecer los hechos. La prueba radica en que en esencia las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la entonces Procuraduría son muy similares: los muchachos fueron privados de la libertad y de la vida por grupos criminales locales, quienes son responsables de su asesinato”, aseveró.

Ruiz Massieu recalcó que “las conclusiones de la comisión y las de la PGR son las mismas: grupos de delincuencia organizada vinculados al tráfico de drogas fueron los directamente responsables”. Recordó que quienes pretendieron evadir la acción de la justicia fueron el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa.

El senador Alfredo Ramírez Botello, del PAN, calificó como lamentable que este “sacrificio” no haya cambiado en nada las condiciones que se tienen en el estado de Guerrero. “Ojalá haya una mejor situación de las condiciones que se tienen en ese estado que está en manos del crimen organizado”, puntualizó.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, de Morena, afirmó que a pesar de que a la oposición le moleste el decir que fue un crimen de Estado, y justifiquen que el origen de la desaparición de los 43 estuvo en la participación de bandas criminales, hubo omisión de autoridades federales y estatales; hubo una colusión “para dar atole con el dedo”.

“Tienen razón en defender al procurador, pero no hay nada que sea persecución política, es aplicación del Estado de derecho, al que desconocen”, ratificó.

MAEP