Bajan cortina; hubo 10 sesiones en San Lázaro

La Cámara de Diputados llevó a cabo entre el 1 de febrero y el 20 de marzo, uno de los periodos legislativos más cortos de la historia, con tan sólo mes y medio de sesiones.

En este periodo, se realizaron sólo 10 sesiones del pleno de legisladores, donde se presentaron 47 modificaciones a leyes y una reforma a la Constitución.

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La Ley que más reformas sufrió es el Código Penal Federal con 10, entre las cuales se incrementaron las penas para quienes cometan el delito de feminicidio; además, se aumentaron las causales para tipificar un crimen con características de violencia de género.

También se redefinió al acoso y sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, todas estas iniciativas se encuentran en proceso de análisis en el Senado.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sufrió siete modificaciones en el lapso de mes y medio; mientras que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fueron modificadas en cuatro ocasiones cada una.

En tanto, la Ley de Ciencia y tecnología se modificó en tres ocasiones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue intervenida en dos.

Estas modificaciones se dieron en el marco de las protestas contra el incremento de los feminicidios y la violencia contra mujeres y niñas.

Sin embargo, la Cámara de Diputados no sólo modificó esas leyes, también aprobó la convocatoria presentada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para aspirantes a las cuatro vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde se inscribieron 392 personas. El proceso de selección quedó inconcluso debido a la epidemia del Covid-19 que obligó a suspender actividades en San Lázaro hasta nuevo aviso.

En dicho periodo, la Jucopo promovió presentar una controversia constitucional en contra de la decisión del INE para modificar su “Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Mando”, mediante el cual se mantienen sueldos por encima de lo que percibe el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los cambios  aprobados por los diputados en la materia.

Además, por primera ocasión en 94 años, la Cámara de Diputados se erigió como un órgano acusador dentro de un juicio político. El pleno de los legisladores aprobó acusar ante el Senado de la República a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, de presuntos actos y omisiones en perjuicio de la Hacienda Pública, por lo que podría ser sancionada con la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Los Diputados también aprobaron modificaciones a la Constitución Política, al incluir los programas sociales del presidente, Andrés Manuel López Obrador en la Carta Magna. Así las pensiones para personas adultas, becas para estudiantes y pensiones para personas con discapacidad, alcanzaron el rango de constitucionales y por lo tanto obligatorias para todos los gobiernos federales, sin importar el partido que los postuló.

Finalmente, otra ley que causó polémica fue la modificación a la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con lo que se abre la posibilidad de rifar bienes propiedad de la nación, como el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8, José María Morelos y Pavón.

lps