Congela el Congreso tema sobre el aborto

El Congreso de la Unión ha evitado participar en la toma de decisiones sobre el aborto, mientras que son las legislaturas locales las que han avanzado en torno a leyes más garantistas para legalizarlo, observó el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

A través del estudio denominado “Aborto legal: de las 12 a las 24 semanas de gestación”, elaborado por la investigadora Lorena Vázquez Correa, en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, este tema se ha quedado en la congeladora legislativa a nivel federal.

Únicamente ha encontrado cauce a través de los congresos de algunas entidades federativas, ya que en seis se ha legalizado hasta las 12 semanas de gestación: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima.

Explicó que las vías institucionales para avanzar en la agenda feminista de la despenalización del aborto han sido distintas y, como referencia, menciona el caso de Argentina, donde se conjuntó el trabajo del Poder Legislativo con una iniciativa del Poder Ejecutivo, mientras que en países como Colombia se han logrado conquistas a través de los tribunales constitucionales.

En ese sentido, indicó que el caso de México ha sido mixto, es decir, a través del ámbito legislativo y de los tribunales constitucionales, pero subrayó que la vía de los Congresos ha sido estatal, no federal. Además, indicó, en abril de este año el Congreso de Sinaloa dio un paso más, al aprobar una reforma que permite el aborto hasta las 13 semanas de gestación.

“En México la vía ha sido mixta: el tribunal constitucional ha sido el escenario de avances importantes en materia de derechos reproductivos de las mujeres, mientras que la vía política ha quedado estancada —en la congeladora legislativa— en el nivel federal y sólo ha encontrado cauce en los congresos locales de algunas entidades federativas.

“Sólo seis de 32 entidades han legalizado el aborto voluntario hasta las 12 semanas —a las cuales se agregará Sinaloa, en caso de que el Poder Ejecutivo la publique en el diario local—, mientras que el Congreso de la Unión (federal) no ha discutido formalmente el tema”, señaló.

El análisis refiere que, el 7 de septiembre de 2021, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la criminalización del aborto es inconstitucional y, por primera vez, se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales hasta la semana 12 de gestación.

“Los argumentos de la sentencia son relevantes porque generan un precedente para todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, para que en la resolución de los casos consideren que las normas penales que criminalizan el aborto de manera absoluta (en todas las etapas de la gestación) son inconstitucionales”, indicó.

El documento del IBD apuntó que países como Colombia, Singapur, Australia y Holanda han legalizado el aborto hasta las 24 semanas de embarazo.

Destacó que los países que han ampliado el número de semanas más allá de las 12 han mostrado un cambio al poner en el centro de las resoluciones la perspectiva de género y los derechos constitucionales de las mujeres, mientras que las resoluciones más restrictivas mantienen los argumentos centrados en los límites del Estado para proteger la vida prenatal.

Refiere que, en general, en América Latina la regulación sobre el aborto es muy diversa y llena de contrastes, por lo que las organizaciones GIRE y Causa Justa coinciden en que hay cuatro políticas generales sobre el aborto en la región.

En primera instancia, indica el estudio del IBD del Senado, algunos países han avanzado en el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, con la legalización hasta un plazo determinado, como en algunas entidades de México, como la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Colima y Veracruz, así como en Colombia, Uruguay y Argentina.

Mientras tanto, algunos países han retrocedido, endureciendo la legislación o derogando supuestos en los que no era punible el aborto o incrementando las penas; tal es el caso de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Chile. En otros países como Haití, Honduras y República Dominicana, prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia y sin excepciones.

Además, algunos países lo permiten sólo bajo ciertas causales y de manera condicionada; por ejemplo, únicamente cuando corra riesgo la vida de la mujer o en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual, siempre que ésta haya sido denunciada.

De acuerdo con el documento, el modelo dominante en la región latinoamericana es la interrupción legal sólo en determinadas causales, como en Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú, Ecuador, Costa Rica y algunas entidades de México; sin embargo, el modelo de la despenalización del aborto voluntario durante un plazo determinado ha cobrado cada vez más fuerza y se está extendiendo en toda Latinoamérica con el movimiento Marea Verde.