Consejería Jurídica de la Presidencia protesta por restitución del secretario Ejecutivo del INE

La Consejería Jurídica de la presidencia protestó por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que declaró la inconstitucionalidad del Artículo Décimo Séptimo Transitorio del llamado Plan B de la reforma electoral que ordenaba la destitución del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo.

En opinión de la Consejería el TEPJF invade las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y desconoce la competencia de un juzgado de distrito en materia de amparo.

La Consejería Jurídica de la Presidencia anticipó que presentará un recurso de apelación pues con esta acción el TEPJF "genera un conflicto competencial entre los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación", señaló en un comunicado.

Los magistrados Mónica Areli Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzales, quienes votaron en contra del proyecto, consideraron que el INE no está legitimado para interponer un juicio electoral en defensa de los derechos político-electorales de Edmundo Jacobo Molina, quien se desistió de la demanda presentada ante el TEPJF.

La Consejería declaró que con esta decisión los magistrados que votaron a favor, Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Jeanine Otálora "hacen patente la parcialidad y arbitrariedad con la que se conducen".

La Consejería de la Presidencia denunció que "este grupo de magistrados electorales fueron beneficiados de un acuerdo inconstitucional que data de 2016, entre las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PRD en el Senado de la República, quienes ampliaron indebidamente los plazos para que ocuparan las magistraturas hasta después de 2024, con lo cual se comprometió la parcialidad de dichos juzgadores".

Señaló que ya explora "todas las vías jurídicas para combatir la resolución ilegal que aprobó la mayoría de magistrados de la Sala Superior del TEPJF y que son parte de una guerra jurídica 'lawfare' en contra de la transformación de un marco normativo que fue diseñado para beneficiar a los grupos de interés político y económico en perjuicio del pueblo de México".

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DGC