Aprueban ley antifactureras; IP advierte que pega a certidumbre

Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó las reformas que castigan con prisión actos ilícitos contra el fisco federal y que serán equiparados como amenaza a la seguridad nacional, lo que fue rechazado por la oposición y cinco legisladores de Morena.

Así, serán sancionados el contrabando y la defraudación fiscal, así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

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El documento establece que incurre en un delito grave quien defraude por más de nueve millones de pesos al fisco, lo cual amerita una sanción de tres meses a 13.5 años de prisión, aplica la prisión preventiva y el perdón, en caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito.

“El negocio criminal de las facturas falsas puede ascender a más de 300 mil millones de pesos al año, lo que equivale a cinco por ciento de los ingresos del Gobierno federal”, puntualizó el morenista Marco Antonio Medina en su fundamentación del dictamen.

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“El cálculo que han compartido las autoridades fiscales es de 1.6 billones de pesos, que de 2014 a 2019 no han llegado a las arcas públicas”, resaltó.

En su intervención, la panista Patricia Terrazas Baca subrayó a nombre de su partido: “estamos conscientes de que México vive una grave situación fiscal; sin embargo, esta propuesta es peligrosa y sólo va a dañar los derechos fundamentales de los contribuyentes, enviando señales equivocadas que no atraerán la inversión”.

Mariana Rodríguez Mier y Terán, legisladora tricolor, consideró que “esta reforma es desproporcionada, atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y de la misma manera, por la puerta falsa, está incluyendo la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional”.

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En tanto, Javier Salinas Narváez, diputado de la bancada con mayoría, resaltó que cometen el delito fiscal grave quienes “al tributar utilizan engaños o mecanismos para ocultar o disfrazar su conducta delictiva. Son empresas que deducen operaciones simuladas y aquellas que defraudan por más de nueve millones de pesos.

“También es importante señalar que incurre en delincuencia organizada el conjunto de tres o más personas cuyo único objeto es el crimen. No son contribuyentes, son entes que su actividad criminal es permanente o reiterada. Son empresas que facturan sus operaciones de manera simulada”, agregó.

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