El INE impugna decreto presidencial que reduce tiempos oficiales
El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la decisión presidencial de reducir los tiempos que concesionarios de radio y televisión entregan al Estado Mexicano como pago de impuestos.
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El pasado 22 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto mediante el cual se reducen los llamados “tiempos fiscales” que son 18 minutos que cada día debe ceder un concesionario de televisión y 35 minutos el empresario de la radio, para que el Estado Mexicano los utilice en su modelo de comunicación política.
A partir del 15 de mayo, de acuerdo con este decreto, se reducen esos tiempos y ahora serán 11 minutos que deberá entregar la televisión y 21 minutos la radio.
Los tiempos fiscales son minutos que un concesionario paga en “especie” al Estado para que realice transmisiones gratuitas. Son distintos de los tiempos de Estado que consisten en 30 minutos diarios de transmisiones gratuitas de radio y televisión en cada una de las estaciones concesionadas.
La controversia Constitucional promovida por el INE se basa en que, al disminuir estos tiempos, el presidente invadió competencias que tiene el INE para administrar los tiempos oficiales destinados para los partidos políticos a fin de garantizar equidad en la contienda, el trato igualitario de la difusión de las ideas y que la ciudadanía pueda emitir un voto informado.
De los 48 minutos que conforman los tiempos oficiales (30 minutos de tiempo del Estado y 18 por pago de impuestos en especie), el INE puede disponer de ellos en su totalidad cuando se desarrolle un proceso electoral y del 12 por ciento, cuando se encuentre en periodo ordinario. En opinión del INE si se recortan esos tiempos se viola la Constitución y las atribuciones del propio instituto.
La Constitución contempla los tiempos oficiales como 48 minutos diarios de transmisiones que no pueden quedar a la discreción de las autoridades, ni tampoco de los particulares.
Ante la gravedad de la entrada en vigor del Decreto impugnado, el INE solicitó a la SCJN que ordene suspender la puesta en vigor del decreto presidencial, hasta que resuelva el asunto.
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— @INEMexico (@INEMexico) May 7, 2020
KA