Expertos ven viable regular redes; juristas alertan riesgo

Expertos en redes sociales y tecnologías digitales consultados por La Razón aseguraron que la regulación de las plataformas digitales es necesaria para el país, pero siempre y cuando se realice para defender al usuario de las grandes empresas sin perseguir fines políticos.

Juan Soto, especialista en tecnologías digitales y redes de la UAM Iztapalapa, dijo que si los legisladores combaten en la regulación la pornografía, grupos criminales o delitos contra las personas e incluso la defensa de los usuarios ante las grandes empresas, es correcto, pero si es para fines políticos es un error.

“Recibimos una saturación de información terrible, pues son cientos de mensajes los que recibimos a diario de cosas que no nos interesan o no necesitamos. La libertad de expresión en Internet es poca, ya que somos presas de las grandes empresas que nos imponen anuncios, contratos y algoritmos donde no sabemos que hacen con nuestra información”, dijo.

Miguel Jarquín, estratega digital de la Universidad La Salle, explicó que la regulación es “una necesidad que se ha venido manifestando a través del tiempo por parte de los usuarios. Lo que quieren hacer es poner en orden a los particulares para respetar libertad de expresión y derechos humanos. Hoy los particulares extranjeros son los encargados de decidir lo que pasa en México”.

Para Zamanta Anguiano, ingeniera en ciberseguridad de Woman in Cybersecurity México, el verdadero reto es cómo apegar a un marco legal a una empresa extranjera, aparte bajo qué modalidad se le regulará y quién será el encargado de hacerlo, siendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la única opción.

“Lo legal es una de las vertientes o elementos y además cómo defines como ente a una red social, pues el contenido está asociado a un ciudadano y el IFT no ve esos temas, además que no tiene los dientes para sancionar delitos como pornografía u otros”, señaló.

Alice Oliva, experta en protección de datos personales de Optimiti Network México, señaló que la idea de regular las redes es buena, “pero es difícil ponerla en práctica ya que requiere medidas restrictivas para no invadir la libertad de expresión, pero, por ejemplo, ayudará en la protección de menores, la seguridad de los usuarios y la protección de datos generales y eso es bueno”.

Israel Reyes, experto en ciberinteligencia de la Universidad George Washington de Estados Unidos, consideró: “las redes sociales tienen un monopolio de comunicación y todos los términos de condición y uso se hacen de manera electoral. En un aspecto electoral, las empresas deciden censurar a todos los candidatos, excepto a uno, lo que rompe la balanza. Eso rompe el equilibrio de la democracia”.

Daniel Vergara, penalista del Colegio Nacional de Abogados, aseguró que los legisladores deben revisar bien la propuesta “y no haya lagunas”. Alberto Woolrich, presidente de la Academia de Derecho Penal, detalló que la ley del senador Ricardo Monreal, es “ilusoria” ya que para presionar a sus adversarios políticos, quiere poner una mordaza a los ciudadanos.

IP ve en la propuesta una violación al T-MEC

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) señaló que el proyecto de ley presentado para regular las redes sociales supondría una violación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El proyecto plantea que las firmas de redes sociales, incluidas Facebook y Twitter, “soliciten autorización” del Instituto Federal de Telecomunicaciones para seguir operando en el país, lo cual atenta con el libre comercio digital.

“El proyecto de ley tendría claras implicaciones y riesgos significativos en la libertad de expresión, acceso a la información y procuración de justicia opuestos a los buscados. Lo anterior aunado a que no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión”, aseguró la ALAI.

Ahondó en que obtener una autorización atenta contra lo establecido en el T-MEC ya que pone barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EU ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos.

Consideró que la regulación propuesta tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México, lo cual también atentaría contra la recuperación económica, el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales.