GIEI difiere con Gobierno por judicialización del caso Iguala

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró diferencias de criterio con el Gobierno en torno a las indagatorias del caso Ayotzinapa, y particularmente con el proceso de judicialización.

Expuso que hay “intromisiones indebidas” a la Fiscalía especial, así como irregularidades en órdenes de aprehensión, falta de información de instituciones e inconsistencias en los análisis sobre la desaparición de los 43 normalistas referentes a chats no verificados.

En conferencia de prensa, los expertos señalaron que durante los hechos ocurridos hace ocho años hubo espionaje a policías y miembros de Guerreros Unidos a través de programas como Pegasus, con intercepción de comunicaciones en tiempo real de los sucesos en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

Se dieron también reuniones secretas y dirigidas, días después de la desaparición, por Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, y en proceso de extradición, además de vigilancia del basurero de Cocula por parte de personal militar.

En su narrativa de hechos, los expertos ratificaron la existencia de un quinto autobús en el que se transportaban los normalistas, el cual presuntamente llevaba oculta una carga de droga, y la existencia de normalistas con vida hasta el 4 de octubre del 2014.

Además, confirmaron evidencias de comunicaciones entre Guerreros Unidos, la Marina, el Semefo, alcaldes, el C4 y policías, así como reuniones privadas y comidas entre criminales y militares.

El GIEI denunció también que la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, no informó acerca de los chats y conversaciones que fueron presentados en su reciente informe, y que detallan lo sucedido el día de la desaparición de los estudiantes, lo que creó una confusión sobre las conclusiones y revelaciones, así como la relación con los procesos de judicialización que ya estaban en curso, por lo que pidió revisarlos para verificar su certeza, con un peritaje.

Los expertos señalaron directamente al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de ser el responsable de quitar autonomía a la Fiscalía especial del caso, llamada formalmente Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA).

De esta manera, expresaron su rechazo a que se hayan retirado 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas en contra de militares. Señalaron que hay una acusación “débil” en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, sobre todo cuando, dijeron, hay elementos para haberla fortalecido y mostrar su responsabilidad en la creación de la “verdad histórica”.

Entre las órdenes de aprehensión canceladas se encuentran en contra de agentes del Ministerio Público que llevaron a cabo la primera investigación; de integrantes del Centro de Comando C4 en Iguala, encargados de monitorear el paso de los estudiantes; contra militares, así como una investigación de ejecución extrajudicial de uno de los líderes de Guerreros Unidos.

Los integrantes del GIEI subrayaron que, con estos desistimientos, se vulneró la autonomía de la Fiscalía especial, además de que la FGR puso en el caso a personas sin conocimiento del asunto.

Un ejemplo de ello ocurrió el 16 de agosto pasado, cuando se comisionó a una mujer, a la que identificaron como “Bustamante”, a la Fiscalía especializada, con el fin de hacer labores de Ministerio Público. Un día después, tomó la carpeta de investigación y, sin consideración alguna, solicitó la captura de Jesús Murillo Karam.

Incluso, al juez de Control del Reclusorio Norte le llamó la atención por no conocer el caso y no poder sustentar la imputación. Lo anterior provocó que no se pudiera reforzar la acusación contra el exfuncionario federal, señalaron los expertos independientes.

La nueva encargada cuenta con todos los documentos, tras la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, en días pasados, hecho este último que puede representar un retraso de años en las investigaciones, dijeron.

Ángela Buitrago, integrante del GIEI, dijo que la separación de Gómez Trejo de su cargo puede traer graves consecuencias al caso, ya que el equipo del nuevo titular de esa oficina puede tardar entre tres y cinco años en conocer la investigación y comenzar a realizar indagatorias.

En este tema, el experto Francisco Cox alertó que, antes de la renuncia del fiscal especial, personal de la FGR intervino su oficina para realizar una auditoría, situación que desconcertó al GIEI, ya que anteriormente no se le había hecho fiscalización alguna y, por ello, dijo que “hay un temor fundado de que haya represalias contra el personal de la UEILCA tras esa auditoría; lo que no queremos es que esa auditoría se traduzca en una cacería de brujas”, aseveró.

Claudia Paz, otra integrante del GIEI, dijo que desde que regresaron a México para investigar el caso de la desaparición de los normalistas, el fiscal general Alejandro Gertz sólo los recibió en una ocasión, por lo que ahora buscan un nuevo encuentro con él, que consideran vital para el avance de los análisis. Dicha reunión podría darse en octubre, pero no hay fecha concreta.

El experto Carlos Beristain, igualmente del GIEI, mencionó que se habían generado acuerdos con el fiscal general Alejandro Gertz, pero no se cumplieron, y resaltó que despojaron de las carpetas de investigación a los miembros de la fiscalía especial para el caso.

En el recuento de irregularidades en torno a la investigación reciente, Ángela Buitrago expuso que hay comunicaciones que refieren que, el día 20 septiembre del 2014, se pidió a dos militares matriculados en la escuela normal rural que se informara a la 35 zona militar de todo lo que sucedería del 20 al 26. “La información detecta que el centro de inteligencia de la Sedena hacía labores de inteligencia, pero la respuesta ha sido la negación” de la existencia de esta área, detalló.

Claudia Paz ratificó que, en el 2014, se desarrollaba una investigación en Estados Unidos por el trasiego de drogas de Iguala hasta Chicago, a través de autobuses, y que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) ocultó la existencia de un quinto camión que transportó a más estudiantes, el cual, se presume, traía consigo un cargamento de cocaína y heroína.

Carlos Beristain denunció que, en el caso Ayotzinapa, se dijeron “verdades que resultaron mentiras”, como la quema de los normalistas en el basurero de Cocula, o que no se sabía de los monitoreos a los estudiantes por parte de las Fuerzas Armadas.