“Diputados dejaron sin fondos al órgano electoral”, reclaman

INE presenta controversia constitucional ante la Corte por recorte presupuestal

El INE presentó una controversia constitucional ante la SCJN por el recorte a su presupuesto; “la medida tomada en San Lázaro careció de motivación o justificación”, indicó el árbitro de los comicios

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,  quien informó que el órgano electoral promovió una controversia constitucional ante la Corte, debido al recorte aprobado por la mayoría legislativa en el Presupuesto de Egresos de la Federación
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova,  quien informó que el órgano electoral promovió una controversia constitucional ante la Corte, debido al recorte aprobado por la mayoría legislativa en el Presupuesto de Egresos de la FederaciónFoto: Archivo Cuartoscuro
Por:
  • Magali Juárez

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el recorte por 4 mil 913 millones de pesos realizado por la Cámara de Diputados al presupuesto para 2022.

El órgano electoral apuntó que la medida tomada en San Lázaro careció de motivación o justificación en el decreto presupuestal e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral.

Principalmente se refirió a la eventual realización de una revocación de mandato, para la que se requieren fondos por 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo.

“Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, puntualizó en un comunicado.

Recordó que, en apego a lo que previamente resolvió la SCJN respecto a la controversia que promovió sobre la convocatoria a la consulta popular de este año, que estableció la obligación de prever los recursos suficientes para este tipo de ejercicios, en el presupuesto para 2022 incluyó un monto de presupuesto precautorio.

Dijo que ante esta situación debe ser el máximo tribunal del país el que determine si ordena a la Cámara de Diputados otorgar los recursos necesarios para una eventual revocación de mandato.

En ese sentido, puntualizó: “El Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones tal y como lo mandata la Constitución y la ley, además de que se violan sus garantías institucionales otorgadas por la Constitución y, con ello, el ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía”.

LRL