Insabi subejerció 13 mmdp para salud de no asegurados

A demás de las irregularidades que ha tenido en el ejercicio de los recursos públicos, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) —que encabeza Juan Antonio Ferrer, un funcionario sin experiencia en el sector—, no ha sabido gastarlos, pues dejó de erogar más de 13 mil millones de pesos en favor de las personas sin seguridad social, durante sus tres años de existencia.

Aunque el Gobierno federal aumentó su presupuesto en más de 150 mil millones de pesos respecto del monto aprobado de origen para que garantizara la salud de las personas, el organismo incurrió en un millonario subejercicio.

Con base en el decreto de noviembre del 2019, que le dio vida a este instituto, los recursos autorizados para el extinto Seguro Popular fueron transferidos al Programa Presupuestario U013, Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, con el fin de que fueran ejercidos por el Insabi.

Según los términos establecidos en la Ley General de Salud, los recursos de este programa tuvieron como meta general garantizar la continuidad de financiamiento a la prestación, sin costo, de los servicios de salud, medicamentos y otros insumos para la población no derechohabiente.

De manera específica, su fin era “propiciar, bajo criterios de universalidad e igualdad, que se generen las condiciones que permitan brindar a las personas sin seguridad, el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos”.

Esto incluía intervenciones quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias, que cubrieran “de manera integral” las necesidades de salud, mediante la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

Los informes que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entrega periódicamente al Congreso de la Unión apuntan a que, del 2020 al 2022, se le aprobaron 158 mil 973.4 millones de pesos más de lo que la Cámara de Diputados avaló de origen, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, a lo largo de cada ejercicio fiscal anual se aumentó su asignación presupuestal.

En el 2020, las y los diputados avalaron para el instituto seis mil 634 millones de pesos, pero, mediante modificaciones, la cifra creció a 108 mil 780.6 millones, de los cuales dejó sin gastar cinco mil 578.4 millones.

Para el 2021, la Cámara le asignó un presupuesto mayor al que aprobó inicialmente, pero menor al que resultó de las modificaciones del año anterior: 74 mil 766.7 millones de pesos.

Sin embargo, ocurrió lo mismo, pues hubo cambios para aumentar su presupuesto, aunque finalmente se dio un segundo subejercicio de cuatro mil 429.5 millones.

En el 2022 fueron aprobados 77 mil 527.5 millones de pesos y, aunque en el transcurso del año se le sumaron 25 mil millones, no se gastaron tres mil 21.9 millones.

Este subejercicio para el programa U013, que en suma es de 13 mil 29.8 millones de pesos, se dio a pesar de que el Insabi, como entidad paraestatal, figuró durante los mismos tres años en la lista de aquellas que tuvieron adecuaciones presupuestales superiores al cinco por ciento.

En su primer año de funciones no se le asignó nada dentro del Presupuesto de Egresos, pero sí se le destinaron 109 mil 833.1 millones a lo largo de los 12 meses; para el siguiente ejercicio sí tuvo presupuesto, pero se le dieron 33.5 miles de millones de pesos adicionales a los 89.3 mil millones originales, y en el 2022 recibió 16.4 mil millones más de los 103.3 mil millones aprobados.

Este subejercicio se suma al hecho de que el Insabi tiene observados 14 mil 628 millones de pesos que no han sido debidamente comprobados en las cuentas públicas del 2020 y del 2021, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como publicó ayer La Razón.

Juan Antonio Ferrer Aguilar llegó al Insabi por designación presidencial, pero no tenía conocimiento previo del sector salud. Es licenciado y maestro en Administración de Empresas, y trabajó varios años en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como director de distintas zonas arqueológicas del país, y como titular de la Secretaría del Ayuntamiento y del DIF municipal en Centro, Tabasco.