Poder Judicial, al rescate otra vez: pide al Senado completar el Inai

Una vez más, el Poder Judicial de la Federación (PJF) entró al rescate de los órganos autónomos del país. Esta ocasión, para evitar que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) quede inoperante, ante la dilación del Senado de la República para nombrar a los dos comisionados que le hacen falta.

La titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Celina Angélica Quintero, concedió al Consejo Consultivo del Inai una suspensión provisional ante la omisión en la que ha incurrido la Cámara alta.

Además, ordenó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) someter al pleno del Senado la designación de la comisionada y el comisionado que ocuparán las dos vacantes del pleno.

Esto, debido a que desde el 2 de abril del año pasado ya cuenta con el dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia, en el que se emitió la lista de las 13 personas idóneas para ocupar los dos puestos disponibles.

Esta no es la primera ocasión en que el Poder Judicial debe intervenir para que otro de los Poderes de la Unión cumpla en tiempo con sus responsabilidades.

Luego de dos años operando incompleta, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) obtuvo sus dos nombramientos faltantes en febrero de este año.

Esto lo logró después de recurrir a una controversia constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la cual el Presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente envió las propuestas para que el Senado ratificara los nombramientos.

Un caso similar enfrenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que está próximo a cumplir tres años con cuatro de siete comisionados, debido a que el Ejecutivo federal tampoco envió sus propuestas con prontitud a la Cámara alta, razón por la cual también se presentó una controversia constitucional.

Hace casi un mes, el Observatorio de las Telecomunicaciones de México (Observatel) presentó un amicus curiae ante la Suprema Corte para que resuelva pronto el asunto.

La última acción judicial a favor del Inai fue en respuesta a una demanda de amparo presentada por el Consejo Consultivo, que es el órgano encargado del buen funcionamiento de este instituto, que se mantiene incompleto desde hace 11 meses.

De no cumplirse antes del 1 de abril, el Inai estará “en peligro”, advirtió en entrevista Francisco Ciscomani, miembro del Consejo y quien promovió el amparo en octubre de 2022.

El abogado explicó a La Razón que el 31 de marzo será el último día en funciones de uno de los comisionados, por lo que sólo quedarían cuatro, con lo que no se conformaría el quórum legal para sesionar, por lo que entraría en inoperancia completa.

El instituto permite a la ciudadanía conocer la información pública que solicite sobre gobiernos de nivel federal y estatal, funcionarios públicos, partidos, entre otros; así como garantizar el uso adecuado de los datos personales.

Durante el último trimestre de 2022 sugirieron a los comisionados recurrir también a una controversia como lo hicieron la Cofece y el IFT, pero en octubre se optó por “experimentar” con una vía jurisdiccional, es decir, el juicio de amparo para que la Cámara alta cumpla con su función constitucional.

“Están durmiendo el sueño de los justos. Nuestro amparo, lo único que pretende, es decirle al Senado que es su decisión soberana designar a los comisionados, pero no puede designar cuando le dé su soberana gana. La Constitución es clara, el Inai debe tener siete comisionados, los ciudadanos tenemos derecho a que tenga siete, y que ellos velen por los intereses de los ciudadanos: transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, privacidad y protección de datos. Mientras no esté constituido, estamos faltando a la Constitución”, declaró.

Ciscomani Freaner señaló que ante la falta de dos integrantes en el pleno, el resto de comisionados se ha enfrentado a una sobrecarga de trabajo que los ha orillado a priorizar asuntos y a no desarrollar otras actividades.

Entre estas se encuentran la promoción de la cultura de la transparencia y protección de datos; sin embargo, los comisionados han hecho espacio para intentar seguir adelante con éstas, como la realización de las Semanas Universitarias por la Transparencia, que arrancaron el 13 de febrero

Al considerar que la resolución de la jueza marca un precedente histórico, Ciscomani afirmó que con ése se puede decir a la ciudadanía y a otros consejos consultivos de órganos autónomos, como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es procedente ejercer una acción de esta naturaleza para garantizar el buen funcionamiento de los institutos.

Desde la lectura política, el consejero espera que los senadores encargados de dar salida a este asunto pongan por encima de sus diferencias, ideologías e intereses, el acato a la orden del PJF.

“¿Por qué se han atorado? Puede haber muchos temas en la mesa: la falta de acuerdos políticos en ambas Cámaras, que pueden afectar los nombramientos. Cuando los políticos no se ponen de acuerdo, los ciudadanos debemos actuar y es lo que estamos haciendo”, comentó.

Subrayó que los senadores deben atender el fallo judicial, pues en calidad de legisladores ellos son quienes crean y modifican leyes, por lo tanto “son los primeros obligados a su cumplimiento”.

“Fuimos nombrados por este Senado al que hoy estamos demandando y es algo muy simple y sencillo: cumplir la Constitución, terminar el proceso de designación. Si me preguntan ¿para qué nos nombraron? Nos nombraron para esto, para velar por el buen funcionamiento del Inai y si para ello tenemos que ejercer acciones para obligarlos, hoy lo estamos cumpliendo con este juicio de amparo, que es oportuno, valiente y crea un precedente para que otros consejos consultivos hagan lo mismo y se sepa que los ciudadanos podemos accionar para lograr que los nombramientos sean una realidad”, declaró.