Desde el 11 de febrero, legisladores demandaron al Gobierno federal tomar previsiones para evitar que la pandemia del Covid-19 se desborde en México. Sin embargo, 73 propuestas permanecen en espera de aprobación ante la suspensión de actividades de ambas cámaras del Congreso.
De esa cifra, 10 son iniciativas y el resto, puntos de acuerdo, mecanismo legislativo para que el pleno del Congreso de la Unión vote si está a favor o no de distintas medidas y acciones para enfrentar el virus.
Te puede interesar: Con reservas, estima AMLO empezar a levantar cuarentena el 10 de mayo
En esa fecha, 16 días antes de que se declarara la primera persona contagiada en México, Verónica Martínez García, senadora del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud (Ssa) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que apliquen protocolos de identificación de posibles casos del virus y también que la Ssa realizara una campaña informativa acerca de medidas para evitar el contagio del virus.
Al respecto, el 25 de febrero, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, aseguró que en el aeropuerto todos los días había vigilancia sanitaria, pero usuarios comentaron que a su regreso del extranjero no tuvieron que someterse a ningún protocolo sanitario.
Sin embargo, las autoridades de la terminal aérea explicaron que, además de la revisión manual, se hacían guardias de sanidad y había cámaras termográficas.
Dos iniciativas que están en espera de ser analizadas son de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, quien propuso modificar el Código Penal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para castigar con penas de ocho a 16 años a quien acapare insumos médicos, los altere o reduzca sus características; y con 12 a 20 años a quien cometa robo en pandilla, invasión o perturbación grave de la paz.
Otra propuesta es la del diputado Juan Martín Espinoza, de MC, quien busca que se apliquen penas de dos a diez años de prisión a quien cometa robo en lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales durante la emergencia.
Hasta el viernes pasado sumaban 120 detenidos en la CDMX acusados de participar en intentos de robos, asaltos y saqueos a establecimientos comerciales aprovechando la contingencia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.
Otras iniciativas buscan proteger a los trabajadores, por ejemplo, el senador Fernando Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, propuso incluir en la Constitución un ingreso básico universal de emergencia por un periodo mínimo de un mes y máximo de tres, en el caso de que se decrete estado de emergencia sanitaria.
Algunas propuestas pretenden ayudar a los enfermos del virus, como la de la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, que prevé exhortar al Consejo de Salubridad General para que instruya al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la liberación de patentes mediante concesión de licencias de utilidad pública y se ordene la emisión de una Norma Oficial Mexicana que permita usar, de manera segura, a la brevedad posible, los dispositivos y equipo médico que están desarrollado académicos, médicos e ingenieros, tales como ventiladores pulmonares o respiradores.

