Pegan a los extranjeros irregulares cinco delitos

Trata de personas, explotación infantil, secuestro, desaparición y reclutamiento por el crimen organizado son los delitos de alto impacto que representan un riesgo al que se pueden enfrentar los migrantes expulsados hacia territorio nacional, particularmente mujeres y menores, por el refuerzo de restricciones en Estados Unidos a través del Título 8.

En entrevista con La Razón, Paulina Amozurrutia, directora del movimiento social Unión Mujer, dijo que el mayor riesgo para las mujeres es la explotación sexual, pues al atravesar por el territorio mexicano y llegar a la frontera, se enfrentan a un panorama de incertidumbre por la expulsión masiva hacia México, en donde los grupos delictivos estarán al acecho de las personas vulnerables y la capacidad de las autoridades para brindarles protección no es suficiente.

“Es un foco rojo de suma importancia para el tema de la migración, ya que el crimen organizado usa a las mujeres para temas de explotación sexual. Antes la migración se daba exclusivamente para los hombres, pero ahora podemos ver que cambió a una situación familiar, en la que las familias son las que migran con todo e hijos, lo que los pone en riesgo por los largos trayectos”, destacó.

Explicó que ahora migra toda la familia en busca de una oportunidad de trabajo, pero en México no hay suficiente apoyo para atenderlos, lo que pone en peligro a mujeres y menores que se pueden ver afectados por separación familiar, prostitución, reclutamiento del crimen organizado y trabajo infantil, entre otros flagelos.

“El problema específico es que son grupos vulnerables y no tienen una buena atención si se quedan en México, pues la política en la materia está en el olvido, lo que es sumamente grave. Los centros migratorios no cuentan con los mínimos requerimientos para un trato digno y respeto de derechos humanos”, evaluó.

La Razón publicó este fin de semana que las madres migrantes ya no dejan a sus hijos en sus países de origen, sino que ahora viajan con ellos, pues huyen en busca de una mejor calidad de vida y para dejar atrás la violencia que viven, lo que ha cambiado los flujos en México.

Al referirse a este fenómeno, Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, dijo a este diario que el derecho internacional obliga a los países a proteger a los migrantes y refugiados; sin embargo, lo que ahora se ve es una violación a sus derechos humanos, por las expulsiones que se están dando.

A pesar de esto, advirtió que “la migración no va a parar y por ello se debe construir un mecanismo transnacional que ayude a dar atención a estos grupos vulnerables, proteger su trayecto y ayudarles a retornar, pero de manera segura, pues el asilo es un derecho humano que no se debe de negar. A pesar de ello, también se debe valorar cada caso para garantizar sus derechos, pero lo que sí se debe hacer es protegerlos, ya que vienen huyendo de la inseguridad y pobreza de sus países”, explicó.

El activista mencionó que son diversos los riesgos a los que se pueden enfrentar mujeres y menores cuando son expulsados, sobre todo cuando son muy jóvenes, ya que pueden ser presa de los criminales y pueden explotarlos de diferentes maneras.

Apuntó que son necesarios albergues para su atención, aunque subrayó que en México no se ha mencionado cómo los van a ayudar, sino que sólo se ha dicho que van a recibirlos, lo que genera incertidumbre entre las mismas personas y organizaciones.

“Vamos a seguir viendo incremento de la xenofobia, ya que la migración no se va a detener, sino puede que siga avanzando, a pesar de las restricciones que hay en Estados Unidos”, dijo.

Por último, consideró que es urgente la atención para todas aquellas mujeres y menores que queden en la vulnerabilidad por ser regresados, o simplemente por estar varados y no tener un lugar en dónde quedarse.