Presidencia impugna suspensión otorgada al INE contra el Plan B electoral

La Presidencia de la República demandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revoque y niegue la suspensión que le otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE), así como se la negó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, al que también se le modificó su estructura.

"Debió negarse la suspensión solicitada por el INE, porque su otorgamiento contraviene el artículo 14, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución, que a la letra dice:

“La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales”, señaló en un comunicado la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Agregó que ese criterio se aplicó cuando se modificó la estructura del IECM, por lo que demandó que se use esa misma decisión.

"La Segunda Sala de la SCJN negó en 2022 al IECM la suspensión de la ley electoral que modificaba su organización administrativa al tratarse de una norma general que no puede ser materia de suspensión en una controversia constitucional", señaló la Consejería.

En esa resolución, la SCJN rechazó que hubiera alguna afectación de imposible reparación, en el caso de los trabajadores del Instituto Electoral local.

"Estos están a salvo. En relación con la supuesta violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía, resolvió que se trata de una cuestión indirecta que no se relaciona con el problema competencial que se dirime en una controversia constitucional", una decisión que fue tomada por el voto unanime de los cinco ministros integrantes de la Sala.

La Consejería criticó que en esta ocasión la decisión de un solo ministro, Javier Laynez, haya cancelado la entrada en vigor del llamado Plan B.

"Ahora bien, para conceder la suspensión del 'plan B' se sostuvo que las leyes electorales cuestionadas “podrían” (acto futuro e incierto) causar afectaciones a los derechos humanos, sin explicar cómo la entrada en vigor de la reforma ocasionaría una alteración irreparable a los derechos político-electorales de la ciudadanía, cuando es evidente que no existe un proceso electoral federal en curso", advierte la Consejería Jurídica de la Presidencia.

FGR