En rubro educativo detectan irregularidades por 238 mdp

Según el primer informe de la Cuenta Pública 2021, el monto por aclarar relacionado con el rubro educativo en el país asciende a 238 millones 293 mil 900 pesos.

De estos recursos, 36 millones 178 mil pesos corresponden al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que se refieren a la no localización de nueve bienes del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE) de Ensenada, Baja California.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que durante una inspección física realizada el 1 de abril del 2022 no se localizaron nueve bienes pertenecientes al instituto.

Por ello, recomendó al mismo fortalecer sus mecanismos de control y supervisión, con el fin de contar con un programa de actualización continua del inventario de bienes muebles y que se tenga evidencia de su salida.

Entre otras observaciones, se detectó el pago de la liquidación a una persona de confianza, por un importe neto de 126.3 mil pesos, sin que se haya rescindido su relación laboral.

Al respecto, la ASF indicó que durante el transcurso de la auditoría se acreditó la recuperación de 47.7 mil pesos y se estableció el compromiso para restituir el monto restante.

Otra irregularidad observada al CICESE fue respecto a una adjudicación por nueve millones 332 mil pesos, cuyo proveedor presentó documentos relacionados con las constancias de cumplimiento de obligaciones en la materia de seguridad social ante el IMSS e Infonavit, que no coinciden con la información a la que dirige un código QR que se encuentra en los mismos documentos, ni corresponde a la información proporcionada por ambas instituciones de salud.

En el mismo sentido, señaló que seis operadores del servicio de vigilancia, contratados mediante la empresa Protección y Escolta de Mexicali, S. de R.L de C.V., no fueron dados de alta ante el IMSS o Infonavit.

El segundo monto observado más elevado corresponde a la construcción del Módulo “B” de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la Ciudad de México, pues la ASF indicó que deberá aclarar cinco millones 33 mil 262.4 pesos.

De la cifra, tres millones 544.3 mil pesos corresponden a una obra pagada no ejecutada, dividida en 14 conceptos de trabajo, y un millón 172.4 mil pesos, a otra obra no realizada, referente a 17 conceptos de trabajo.

Otros 330 mil 400 pesos faltantes corresponden a recursos cuya aplicación no se comprobó, pero que fueron cargados al Programa Educación para Adultos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

En torno a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, mediante el gasto federalizado, por concepto educativo, se apunta que el probable daño al erario fue de 385 millones 563.6 mil pesos; sin embargo, los estados aclararon 188 millones 511.4 mil, por lo que aún deberán aclarar 197 millones 52 mil pesos.

Destaca que Campeche, Chiapas, Colima, Hidalgo, Nuevo León y Querétaro fueron los únicos estados a los que no se les requirió alguna aclaración por posibles perjuicios.

Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán lograron aclarar las observaciones que les fueron señaladas. 

Esto quiere decir que, respecto a educación, el monto por aclarar únicamente recae en 12 entidades federativas, de las cuales San Luis Potosí cuenta con el monto más elevado, por 76.2 millones de pesos, seguido por Michoacán, con 68.6 millones, y Zacatecas, con 19.3 millones de pesos.