Posponen debatir prisión preventiva entre dudas y presión

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó hasta el 5 de septiembre discutir los asuntos relacionados con la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, cuando se tenía pensado hacerlo el 25 de agosto.

“Informo a la opinión pública que, por acuerdo de este tribunal pleno, los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre”, manifestó el Ministro Presidente Arturo Zaldívar al iniciar la sesión pública del máximo tribunal de justicia del país.

La Corte tiene pendiente la revisión del proyecto del ministro Luis María Aguilar, que plantea anular la prisión preventiva oficiosa, al señalar que se trata de un disfraz, al ser una medida desproporcionada que violenta la presunción de inocencia y los derechos humanos.

"La clasificación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar es tan sólo un disfraz, una simple denominación formal que no se corresponde con su forma de operar ni con sus consecuencias nocivas, pues queda claro que se erige como una sanción anticipada, ya que no restringe derechos, sino que priva de ellos".

“Con base en lo dicho en las líneas anteriores, se tiene que las medidas cautelares están vinculadas a la acción de restringir derechos, pero no a la de privar de éstos, y el efecto material que es resultado de lo apuntado anula por completo la libertad del imputado”, refiere el documento.

El miércoles pasado, el Gobierno federal solicitó a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa en la Constitución, ya que eliminarla podría tener efectos negativos en el combate a la inseguridad.

Por su parte, el exprocurador Ignacio Morales Lechuga dijo que es una falta de respeto del jefe del Ejecutivo dirigirse a la Corte para que resuelva en determinado sentido. Destacó que la ponencia del ministro Aguilar es importante y que cambiaría el rumbo de este país en cuanto al respeto de los derechos humanos, el debido proceso.

Cambios afectarían plan anticrimen, alerta Segob

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, aseguró que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desaparece la prisión preventiva oficiosa, estaría terminando con toda la estrategia de seguridad del país.

“Pero eso no lo merecen los mexicanos, pues debemos de fortalecer el proyecto de seguridad que encabeza el Presidente de México”, indicó.

Aseguró que este jueves presentó, en la Oficialía de Partes de la Suprema Corte, un documento que ya se hizo público, donde está la posición del secretario de Gobernación, de la consejera jurídica del Poder Ejecutivo y, desde luego, del Gobierno federal.

“Nosotros creemos que debe prevalecer la Constitución, que es la Carta Magna, que es nuestra ley suprema. Y yo creo que los ministros van a estar a la altura de las circunstancias que el país requiere”, destacó.

En el documento, dado a conocer por parte de la Secretaría de Gobernación, señala que es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, consideró que se debe depurar el catálogo de delitos que deben tener prisión preventiva oficiosa, pero dijo que ésa será una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante los medios de comunicación, confió en que, en breve, los ministros del máximo tribunal del país resuelvan el asunto.

“Esperaría a que la Corte lo liste y lo resuelva; no sé cuál sea la opinión de los ministros, vamos a esperar, pero en su momento, cuando era ministra de la Suprema Corte, pronuncié que el arraigo podía llegar a ser inconvencional, y ahora con las reformas que se hicieron al artículo 19 de la Constitución, pues esperemos qué delitos puedan tener prisión preventiva y cuáles no”, comentó.

Sánchez Cordero estimó que delitos menores, como el robo a transporte o a casa habitación, deberían salir de este catálogo de prisión preventiva oficiosa, mientras que otros, relacionados con corrupción, deben permanecer.

“Hay delitos que definitivamente y categóricamente deben tener prisión preventiva oficiosa”, puntualizó la senadora de Morena, quien remarcó que este catálogo se ha ido incrementando de forma indiscriminada.

“Me parece absurdo que, por ejemplo, el robo a casa habitación tenga también prisión preventiva o algunos otros delitos menores. Yo creo que hay delitos que deben tener prisión preventiva oficiosa, desde luego dentro de este catálogo, pero de repente se fueron aumentando de forma indiscriminada delitos y delitos a este artículo 19 y yo creo que, algunos, vale la pena que se queden, porque hay temas delicados de corrupción, pero algunos, como el robo a transporte y a casa habitación, yo creo que no deberían de estar, pero que lo decida la Corte”, enfatizó.

Retiro de medida pondrá en peligro a víctimas: expertos

Abogados penalistas aseguraron que es un riesgo que se quite la prisión preventiva oficiosa, ya que se pone en peligro a las víctimas al liberar a los agresores o imputados de delitos graves como secuestro, delincuencia organizada, homicidio o narcotráfico.

En entrevista con La Razón, Diana González Obregón, abogada penalista, redactora y analista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sostuvo que es un peligro quitarla ante la falta de capacitación y correcta aplicación de la justicia de Fiscalías y Ministerios Públicos.

“Debe de seguir para no violentar los derechos de las víctimas, pues no se puede dejar en libertad a sus agresores ya que se ponen en peligro. En caso de quitarse es un riesgo para el país, pues se elimina el Estado de derecho, no hay operadores capacitados y las fiscalías están capacitadas ni los Ministerios Públicos”, explicó.

Por separado, Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados, señaló que México no está a niveles de otros países de primer mundo, donde la impartición de la justicia es precisa, pues por las resoluciones de los mismos jueces se pueden poner en un grave peligro.

“Recae un fuerte riesgo para los jueces hablando de delitos de alto impacto como delincuencia organizada o narcotráfico, ya que comenzarían a recibir amenazas de los grupos criminales, pues ellos tienen la capacidad de llevar el proceso a la libertad, esa sería una de las consecuencias”, destacó.

Mientras que la abogada Karla Micheel Salas Ramírez aseguró que es un argumento “falaz” decir que quedarán en libertad criminales, cuando es responsabilidad del Poder Judicial atender cada uno de los casos apegado a derecho.

“Las personas que estén en la cárcel es porque purgan una condena, ya fueron sentenciadas y analizado su caso, y no porque apenas se va a revisar su caso, se presentarán pruebas y se dictará sentencia. Es un argumento falaz decir que quedarán libres los criminales, cuando el Poder Judicial es el encargado de precisamente llevar justicia”, indicó la especialista.

fgr