Segob descarta focos rojos

Los seis estados donde se llevarán a cabo elecciones se encuentran en calma y no hay focos rojos o señales de injerencia del crimen organizado, aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández.

Entrevistado ayer a su salida de Palacio Nacional, el funcionario señaló que, hasta ahora, la autoridad electoral no ha dado ningún reporte sobre la posibilidad de que grupos delictivos estuvieran incidiendo en los comicios y dijo que se mantienen en alerta y en coordinación con las entidades para garantizar la seguridad.

“Hay tranquilidad, desde luego la expectativa que genera un proceso electoral, pero hasta ahora el proceso electoral se desarrolla sin incidentes mayores. No (hay focos rojos), en este momento ninguno”, dijo.

En ello coincidió Rubén Salazar, director de la consultora en comunicación y riesgos Etellekt, quien aseguró que será un proceso de “relativa paz”, aunque, matizó, los probables focos rojos pueden darse en Tamaulipas, Quintana Roo e Hidalgo, ya que hay probabilidad de alternancia, lo que puede dar lugar a una ruptura de pactos políticos con criminales y que vean amenazados sus intereses.

De septiembre del 2021 a la fecha, se han registrado 392 agresiones contra políticos en las 32 entidades, de las que 74 ocurrieron en los seis estados en donde habrá elecciones y, de éstas, siete ocurrieron en contra de precandidatos.

En entrevista con La Razón, dijo que en el proceso electoral de este año hay un ambiente de relativa paz en estados que celebrarán comicios, no solamente en violencia contra candidatos, sino en lo general, ya que son entidades en donde la violencia homicida no es tan alta.

“Las agresiones están asociadas históricamente a cargos municipales, pero en esta elección solamente Durango renueva sus 39 ayuntamientos y, en el caso de Quintana Roo, tiene cargos para diputaciones”, explicó el especialista.

Detalló que en los últimos 22 años han perdido la vida mil 271 políticos, de los cuales 144 eran candidatos o aspirantes a cargos de elección popular y competían por cargos municipales. En el caso de Durango, fueron asesinados dos candidatos a alcaldías en 2013, que ha sido el año más violento en esa entidad.

En Quintana Roo, dijo, jamás han asesinado a un candidato a diputación local; pero en el 2018 mataron a un precandidato y en el 2021, a dos, que iban por Isla Mujeres y Puerto Morelos; entonces, al no haber elecciones municipales, despresuriza el tema de la violencia, consideró.

Por ese motivo, aseguró que ya se venía pensando que en la elección del 2022 se tendría una menor carga de violencia, pero aclaró que todo se va a pasar al 2024, cuando se estima que sí habrá violencia.

Detalló que de las siete agresiones en este proceso se dieron en etapas tempranas, contra precandidatos o candidatas en Oaxaca, de Morena (Susana Harp) y del PAN, así como un hackeo a Roberto Palazuelos en Quintana Roo.

Otra es una agresión contra brigadistas de la candidata en Aguascalientes por Morena, el asesinato (en Nuevo León) de un familiar de un candidato a diputado local de Quinta Roo por Movimiento Ciudadano, y la agresión al excónyuge de la candidata Carolina Viggiano, que fue herido, y amenazas contra la abanderada guinda en Quintana Roo, Mara Lezama.

“Son agresiones de tipo psicológico y hay un saldo blanco. Afortunadamente no hay víctimas mortales y lo relevante es que sería la primera vez que no se registraran muertes en un proceso electoral”, refirió.

Salazar explicó que la violencia entre brigadistas y candidatos tiende a incrementarse siempre en la etapa final; esto es, en la semana previa a la elección, pues el 20 por ciento de agresiones son precisamente ese día, y adelantó que “lo que seguramente veremos son enfrentamientos de grupos de brigadistas”.

En el proceso electoral del 2021 se registraron mil 066 agresiones, de las que 102 terminaron en asesinato de políticos y, de ellos, 36 fueron aspirantes o candidatos.

Con plan de seguridad, sólo 4 de 27 candidatos

Con motivo de las elecciones de este domingo en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), abrió un espacio para que los candidatos compartieran sus propuestas de seguridad y justicia en el proyecto “Por un México Seguro”.

El ejercicio permitió conocer que sólo cuatro de los 27 aspirantes a este cargo, tienen un plan en la materia para gobernar.

El proyecto del ONC, que realiza desde 2018, tiene como finalidad proporcionarle a la ciudadanía información para que ejerza un voto con claridad y factibilidad de las propuestas de los candidatos para combatir diversos delitos como el lavado de dinero.

Así como trata de personas, tráfico de armas; para prevenir la ocurrencia de delitos; para fortalecer las policías, mejorar la procuración de justicia y la reinserción social, entre otras.

Francisco Rivas, director general del Observatorio expresó que los aspirantes que aceptaron participar tuvieron que responder 242 preguntas específicas que tocan dichos temas y en las cuales cada uno tenía asignar niveles de prioridad a sus propuestas.

Manifestó que fueron halladas contradicciones, simplificaciones o ausencias para el cumplimiento de los planes de seguridad en las propuestas de los candidatos entre las que destacan:

que los candidatos proponen acciones de fortalecimiento institucional -multiplicar el número de policías; acelerar la completa implementación, en otras medidas.

Abundó que no queda claro con qué recursos o cómo lograrán subsanar los recortes presupuestales que desde hace tres años se han puesto en marcha en el Congreso de la Unión.

“De manera similar, si los candidatos manifiestan concentrar recursos presupuestales para la prevención del delito, también apuestan al populismo penal, es decir, incrementar penas y disminuir la edad de detención para jóvenes que cometen delitos”.

El titular del organismo dijo que es positivo la intención manifiesta por hacer más efectiva la procuración de justicia, pero falta entender cómo y con qué recursos.

El proyecto Por un México Seguro indica que en Aguascalientes el número total de candidatos fue de cinco, en Durango tres, en Hidalgo cuatro en Oaxaca siete en Quintana Roo cinco y en Tamaulipas tres.

Rivas propuesto Invertir en diagnósticos fiables y actualizados en materia de seguridad, sumando a instituciones académicas, organizaciones civiles y cooperación internacional que ya cuenten con diagnósticos de buena calidad.

“Aunque la mayoría de las propuestas dan una respuesta clásica al problema de seguridad a través del fortalecimiento institucional, estas tienden a relegar áreas críticas o de alta complejidad técnica como el lavado de dinero, la trata de personas o la reclusión y reinserción social a un segundo plano”, manifestó.

También enfatizó el enfoque de género en su política de seguridad. “Ésta medida busca reducir los niveles de violencia de género que se registran y que van a la alza”.

Recibe Fisel 24 denuncias en 2 meses

En el ocaso de las campañas en el actual proceso, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel) ha recibido 24 denuncias desde abril, cuando comenzaron los comicios. Más de la mitad de dichos recursos se concentran en dos de las seis entidades que celebran elecciones y que no están catalogadas por los propios partidos como estados que puedan significar riesgo de violencia: Hidalgo, con ocho, y Quintana Roo, con seis. 

En Tamaulipas se han presentado cinco recursos; Oaxaca y Durango, dos en cada uno, y una más en Aguascalientes.

En la elección del año pasado, cuando15 entidades renovaron sus gubernaturas y, algunos de ellos, presidencias municipales y congresos, la Fisel había recibido, la víspera de la jornada, más de mil denuncias, aunque la mayoría fueron desechadas por inconsistencias o por incompetencia. 

Al respecto, Aldo Muñoz Armenta, especialista en temas electorales, dijo a La Razón que el organismo no tiene la capacidad técnica ni política para que esas denuncias se conviertan en expedientes que generen un juicio o una sanción a los presuntos infractores.

“Lo que hace la Fisel es recopilar denuncias y eventualmente revisar las más políticamente importantes para darle seguimiento”, dijo.

Gustavo López Montiel, académico de ciencias políticas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), señaló que las denuncias normalmente no tienen un final en términos de algún proceso porque la ley de delitos electorales es complicada y hace poco factible la configuración de un delito.

“La ley tiene un poco más de 200 delitos que se consideran en el contexto electoral, pero en términos reales son muy pocos lo que se pueden materializar. Ha demostrado ser una ley poco operativa”, indicó.

Con información de Daniela Wachauf