Ven problema de salud en violencia de género

L a violencia de género debe ser considerada un problema de salud pública, “por las múltiples consecuencias que trae a la salud de una persona el someterse a una vida violenta”, estimó Juan Manuel Quijada Gaytán, director de los Servicios de Atención Psiquiátrica adscrito a la Secretaría de Salud (Ssa).

El especialista dijo a La Razón que la violencia de género genera ansiedad, depresión y estrés postraumático, y esto está profundamente asociado con el inicio del ser humano en el uso del consumo de sustancias psicoactivas, que muchas veces llevan a las personas a adicciones de las que no pueden salir.

La Secretaría de Salud reportó recientemente que las mujeres sometidas a alguna forma de violencia de género presentaron altos porcentajes de haber sufrido desórdenes del ánimo (30.7 por ciento), ansiedad (38.5 por ciento), abuso de sustancias (23 por ciento) y estrés postraumático (7.8 por ciento).

El especialista expuso que las personas que han sufrido violencia en sus núcleos familiares presentan con regularidad problemas que tienen que ser tratados en centros de salud mental, y el 67 por ciento de los ingresos a hospitales psiquiátricos es involuntario, debido a la condición de gravedad con la que las personas usuarias llegan a estos espacios.

“Debe siempre haber un consentimiento informado para recibir o rechazar los servicios de salud. Cuando un paciente llega a un centro de tratamiento, regularmente ya llegan muy maltratados; la violencia tiene secuelas más graves de las que pensamos, puede generar ansiedad a grados muy fuertes y esto crea ausentismo social y laboral, por eso es un tema que debe ser considerado de urgencia y de salud pública”, argumentó.

En días pasados, las secretarías de Salud y de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo para ampliar la capacidad de respuesta de los servicios de salud mental, prevención de adicciones, suicidio y violencia contra niñas y mujeres, de género y social, con estrategias de gestión y capacitación de profesionales, a través de la firma de un pacto de colaboración.

“Ha terminado la pandemia, y ahora saldrán nuevas problemáticas que debemos enfrentar juntos. Hay una gran demanda en salud mental, es una de las grandes preocupaciones en todos los niveles”, refirió.

De acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM), los trastornos mentales afectan a casi 30 por ciento de la población en México y sólo uno de cada cinco pacientes recibe tratamiento médico, normalmente porque aún existen muchos prejuicios.

Sofía Domínguez acudió en el 2020 a un Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Cavi) en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Desde su primera entrevista, la trabajadora social la envió a recibir ayuda psiquiátrica; sin embargo, ella relató a La Razón que “se sintió ofendida”, pues acudió por una problemática de violencia ejercida por el padre de sus hijos y, al llegar por la ayuda, pensó de sí misma que “estaba loca”.

“Yo no era golpeada, pero recibía malas palabras todo el tiempo. Siento que eso me fue entorpeciendo, me dolía el cuerpo todo el tiempo, no quería trabajar y muchas veces no me bañaba, pero seguía, según yo, siendo funcional. Cuando me enviaron al psiquiatra, pensé que la trabajadora social no creía lo que estaba viviendo, pero era todo lo contrario: ella sabía que, si no recibía esa ayuda, terminaría peor y así fue. Es hasta el año pasado que de repente intenté quitarme la vida y fue cuando entendí por qué era necesario ese tratamiento”, dijo.