Rigoberto Castorena, abogado migrante radicado en Atlanta, señaló que al fallo de la Corte de Estados Unidos, que permite negar la nacionalidad a hijos de indocumentados, representa “una crimigración y el apartheid migratorio más grande de la historia; es un acto violento, que va contra derecho y que intenta desintegrar una comunidad que desde siempre funcionó gracias a las migraciones”.
En entrevista con La Razón añadió que la resolución “es una ofensa a niños, padres y al esfuerzo de miles de salir de sus contextos de violencia con base a su trabajo, porque eso es lo que son los migrantes personas que trabajan”.
El radicado en EU desde hace 30 años y con hijos nacidos en ese país, dijo que el contexto refleja una lógica de apartheid simbólico en el que “quienes no comparten ciertos valores ideológicos o culturales son excluidos de manera definitiva, bajo la excusa de la seguridad nacional”.

Trump advierte ‘represalia muy seria’ tras ataque de ISIS que dejó tres estadounidenses muertos en Siria
Bajo esta lógica, dijo, las redes sociales se convierten en herramientas de vigilancia masiva, permitiendo que cualquier comentario crítico, imagen compartida o interacción digital, sea usada como pretexto para negar la permanencia en el país.
El litigante recordó que la implementación de esta política estaba programada para iniciar desde el 19 de febrero, pero ha enfrentado múltiples desafíos legales “y una centena de pronunciamientos por parte de los activistas que nos negamos a que esto ocurra, es una locura”.
Elvira Arellano, activista migrante en Chicago, consideró que el fallo representa “otro revés para la comunidad migrante”, producto de la presión y represión que ha ejercido el presidente Donald Trump en todos los sectores de la sociedad, para ir en contra de los migrantes.
“El caso de la resolución de hoy (ayer) se deriva de la orden que dio el presidente Trump de eliminar el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados; ahora, por parte de los migrantes, se teme que las políticas restrictivas pongan en riesgo este derecho fundamental”, dijo.
