La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales, al dar luz verde para poner fin, en la práctica, a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.
La decisión significa que la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, al asumir su segundo mandato, que negaría la ciudadanía a niños nacidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal, por asilo o visas, entrará en vigor dentro de 30 días en los 28 estados que no han impugnado la medida.
Sin embargo, no se sabe si la decisión de la Corte podría producir un confuso mosaico de reglas que podrían diferir en los 22 estados que demandaron por la orden de Trump y el resto del país.
- 6 votos contra 3 obtuvo en la Corte Suprema
En su fallo, tomado con seis votos contra tres, por una mayoría conservadora, dictaminó que los jueces federales carecen de la autoridad para emitir órdenes judiciales que paralicen temporalmente la implementación de una política de alcance nacional, pero la decisión dejó sin aclarar si las restricciones sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento, al no abordar la constitucionalidad de la medida.
Sin embargo, la Corte dejó intacta la posibilidad de que los demandantes obtengan una reparación amplia mediante demandas colectivas, o en caso de que fuera necesario para hacer frente a sus perjuicios. El alto tribunal también señaló que el plan del presidente de poner fin, en la práctica, a la ciudadanía por nacimiento podría nunca ser implementado.
Las órdenes judiciales de alcance nacional, o universales, surgieron como un control importante sobre los esfuerzos del presidente republicano para expandir el Poder Ejecutivo y rehacer el gobierno, y han sido una fuente de creciente frustración para él y sus aliados.
- mil bebés al año podrían resultar afectados
Los casos ahora regresan a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus órdenes para cumplir con el fallo del máximo tribunal, escrito por la jueza Amy Coney Barrett. La aplicación de la política no puede llevarse a cabo durante otros 30 días, escribió la impartidora de justicia.
La Corte coincidió con el gobierno de Trump, así como con la administración de Joe Biden, en que los jueces se exceden al emitir órdenes que se aplican a todos, y no sólo a las partes ante el tribunal. Hasta ahora han emitido más de 40 de esas órdenes desde que Trump asumió el cargo en enero para un segundo mandato.
El gobierno ha presentado apelaciones de emergencia ante los jueces de muchas de esas órdenes, incluidas las que se refieren a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La Corte rara vez escucha argumentos y emite decisiones importantes en su expediente de emergencia, pero lo hizo en este caso.
“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general sobre el Poder Ejecutivo. Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso. Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”, escribió la jueza Barrett.
En discrepancia, la jueza liberal Sonia Sotomayor escribió: “La mayoría ignora por completo si la orden ejecutiva del presidente es constitucional, centrándose únicamente en la cuestión de si los tribunales federales tienen la autoridad equitativa para emitir mandatos judiciales universales. Sin embargo, la patente ilegalidad de la orden revela la gravedad del error de la mayoría y subraya por qué la equidad respalda los mandatos judiciales universales como remedios adecuados en este tipo de casos”.
Añadió que la orden ejecutiva es obviamente inconstitucional. Por tanto, en lugar de defenderla en cuanto al fondo, escribió, el Departamento de Justicia “solicita a esta Corte que declare que, independientemente de lo ilegal que sea una ley o política, los tribunales nunca pueden simplemente ordenar al Ejecutivo que deje de aplicarla contra nadie. La manipulación de esta solicitud es evidente y el Gobierno no intenta ocultarla. Sin embargo, vergonzosamente, este tribunal le sigue el juego”.
Desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el presidente dijo que la decisión fue “increíble” y una “victoria monumental para la Constitución”, la separación de poderes y el Estado de derecho.
“Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas y aquellas que han sido prohibidas erróneamente a escala nacional (...) Tenemos tantas”, declaró.
“Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto indirectamente duramente afectado”, dijo en su plataforma Truth Social.
A su vez, la fiscal general, Pamela Bondi, dijo que “los estadounidenses finalmente están recibiendo lo que votaron. No tendremos más jueces descarriados anulando las políticas del presidente Trump en todo el país. Ya no más. Los juzgados no tienen la jurisdicción para emitir esas medidas cautelares nacionales”.
Según la directiva, a más de 150 mil recién nacidos se les negaría la ciudadanía anualmente, según los demandantes que la impugnaron, incluidos los fiscales generales demócratas de 22 estados, así como defensores de los derechos de los inmigrantes e embarazadas.
Unos 255 mil bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones, según un estudio del Migration Policy Institute. Detractores de Trump y expertos legales señalan que este es un derecho constitucional entronizado en la Enmienda 14 y no puede ser derogado por una orden presidencial.
Activista ve “el apartheid más grande de la historia”
› Por Claudia Arellano
Rigoberto Castorena, abogado migrante radicado en Atlanta, señaló que al fallo de la Corte de Estados Unidos, que permite negar la nacionalidad a hijos de indocumentados, representa “una crimigración y el apartheid migratorio más grande de la historia; es un acto violento, que va contra derecho y que intenta desintegrar una comunidad que desde siempre funcionó gracias a las migraciones”.
En entrevista con La Razón añadió que la resolución “es una ofensa a niños, padres y al esfuerzo de miles de salir de sus contextos de violencia con base a su trabajo, porque eso es lo que son los migrantes personas que trabajan”.
El radicado en EU desde hace 30 años y con hijos nacidos en ese país, dijo que el contexto refleja una lógica de apartheid simbólico en el que “quienes no comparten ciertos valores ideológicos o culturales son excluidos de manera definitiva, bajo la excusa de la seguridad nacional”.
Bajo esta lógica, dijo, las redes sociales se convierten en herramientas de vigilancia masiva, permitiendo que cualquier comentario crítico, imagen compartida o interacción digital, sea usada como pretexto para negar la permanencia en el país.
El litigante recordó que la implementación de esta política estaba programada para iniciar desde el 19 de febrero, pero ha enfrentado múltiples desafíos legales “y una centena de pronunciamientos por parte de los activistas que nos negamos a que esto ocurra, es una locura”.
Elvira Arellano, activista migrante en Chicago, consideró que el fallo representa “otro revés para la comunidad migrante”, producto de la presión y represión que ha ejercido el presidente Donald Trump en todos los sectores de la sociedad, para ir en contra de los migrantes.
“El caso de la resolución de hoy (ayer) se deriva de la orden que dio el presidente Trump de eliminar el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados; ahora, por parte de los migrantes, se teme que las políticas restrictivas pongan en riesgo este derecho fundamental”, dijo.
