La Corte Penal Internacional (CPI) desestimó la solicitud de Israel para revocar las órdenes de arresto emitidas contra su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta decisión mantiene vigentes las acusaciones por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en la Franja de Gaza.
Los jueces de la Corte también rechazaron la demanda de Israel de suspender la investigación que el tribunal lleva a cabo sobre delitos cometidos en los Territorios Palestinos. La petición israelí argumentaba que, dado que la jurisdicción del tribunal aún está en revisión, las órdenes de arresto carecen de base legal. Sin embargo, los jueces calificaron esta postura como incorrecta.
Mientras tanto, la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose a niveles catastróficos. Según la ONU, al menos 5,800 mujeres y niños han recibido tratamiento por desnutrición sólo en el último mes. Además, el 70 % de los medicamentos esenciales escasean y miles de personas viven a la intemperie debido a desplazamientos forzados. Tom Fletcher, jefe de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, afirmó que “es difícil encontrar palabras” para describir el sufrimiento en el enclave.
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- El Dato. Los episodios de violencia en Gaza no cesan. 25 palestinos murieron ayer en un centro de distribución de alimentos. Las víctimas fueron pisoteadas durante una estampida.
Por su parte, la comunidad internacional ha exigido mayores esfuerzos para garantizar la entrega de ayuda. Una reunión del Consejo de Seguridad, convocada por Reino Unido, Francia, Grecia, Eslovenia y Dinamarca, evidenció las presiones diplomáticas sobre Israel para permitir el acceso humanitario. Sin embargo, la respuesta concreta es limitada.
En tanto, en Bruselas, la Unión Europea optó por no imponer sanciones a Israel. A pesar de los llamados de Amnistía Internacional y otras organizaciones para suspender el acuerdo de asociación, los ministros de exteriores de la UE no respaldaron ninguna de las opciones propuestas. Alemania, Hungría y la República Checa se opusieron abiertamente a cualquier medida, mientras que países como Irlanda esperaban propuestas específicas que nunca se materializaron.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, calificó la decisión europea como una “traición cruel e ilegal” a los valores fundacionales de la UE. La crítica también alcanzó a la jefa diplomática del bloque, Kaja Kallas, quien prometió mantener “opciones sobre la mesa” pero no respaldó acciones concretas. España fue el único país que se pronunció a favor de suspender el acuerdo.
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En un giro relevante, una coalición de más de 20 países, reunidos en Bogotá, anunció un paquete de seis medidas para presionar a Israel y exigir rendición de cuentas. La iniciativa fue impulsada por el Grupo de La Haya, conformado por naciones del llamado Sur Global, entre ellas Sudáfrica, Colombia, Cuba, Malasia, Indonesia y Libia.
Las medidas incluyen la prohibición de envío de armas a Israel, la revisión de contratos públicos con empresas vinculadas a la ocupación y el respaldo a mandatos de jurisdicción universal para perseguir crímenes internacionales graves, independientemente de dónde ocurran. “Hoy se pone fin a la era de la impunidad”, declaró Varsha Gandikota-Nellutla.