Una nueva ofensiva migratoria se llevó a cabo en Los Ángeles. Ayer, agentes federales realizaron una redada encubierta en el estacionamiento de una tienda Home Depot en el barrio de Westlake, a escasas cuadras del Parque MacArthur. Lo hicieron ocultos dentro de un camión comercial de la empresa Penske, en un operativo denominado “Caballo de Troya”. La maniobra resultó en al menos 16 personas detenidas, pese a una orden judicial que prohíbe arrestos sin justificación razonable en el sur de California.
La escena fue captada por un reportero de la cadena FOX, quien se encontraba al interior del vehículo junto a los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Tras fingir que solicitaban trabajadores para una mudanza, los agentes descendieron del camión enmascarados y comenzaron a perseguir a varios inmigrantes. Los registros audiovisuales del operativo, compartidos en redes sociales por altos funcionarios del gobierno de Donald Trump, fueron celebrados como una muestra de fuerza.
- El Dato: La operación “Caballo de Troya” se suma a una serie de acciones que evidencian el endurecimiento del enfoque migratorio de Trump en vísperas del proceso electoral.
“Para quienes pensaban que la aplicación de la ley migratoria se había detenido en el sur de California, piénsenlo de nuevo”, escribió en la red X el fiscal federal interino Bill Essayli, en tono desafiante. Su mensaje fue interpretado como una respuesta directa a las restricciones impuestas por la justicia federal y como una reafirmación de la política migratoria del Ejecutivo.
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Semanas atrás, el Noveno Circuito de Apelaciones ratificó una orden que prohíbe explícitamente detener personas sin una sospecha razonable. Esta resolución también impide a los agentes migratorios actuar con base en rasgos físicos, idioma, lugar de residencia o tipo de trabajo como únicos elementos para justificar un arresto. La decisión judicial busca frenar prácticas discriminatorias y proteger derechos fundamentales de la población inmigrante.
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A pesar de ello, el fiscal Essayli aseguró que “la aplicación de la ley federal no es negociable” y reiteró que no existen santuarios “que escapen del alcance del gobierno federal”. La declaración deja entrever un desacato institucional que ha sido ampliamente denunciado por organizaciones defensoras de derechos civiles.
Según testigos citados por Los Angeles Times, el conductor del camión Penske se dirigió en español a un grupo de trabajadores que ofrecían sus servicios en el estacionamiento, afirmó que buscaba ayuda para una mudanza. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y provocaron indignación entre líderes comunitarios y activistas.
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ACTIVISTAS DENUNCIAN HECHOS. En tanto, el colectivo Unión del Barrio publicó un video donde se observa cómo, luego de realizar los arrestos, los oficiales regresan al camión y se marchan. La empresa Penske se deslindó del operativo al asegurar que desconocía el uso que se daría a su vehículo y que el arrendamiento se realizó sin informar que sería destinado a labores federales de captura migratoria.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) indicó a la cadena FOX que el objetivo del operativo era la captura de presuntos miembros de la pandilla salvadoreña MS-13, que supuestamente tiene influencia en la zona. Sin embargo, la narrativa oficial fue duramente criticada por el abogado Mark Rosenbaum, asesor de Public Counsel y parte del equipo legal que interpuso la demanda contra la administración Trump.
“Se le mintió al pueblo estadounidense cuando la Casa Blanca afirmó que estos operativos se centraban en asesinos, violadores y narcotraficantes”, señaló Rosenbaum, quien advirtió que el operativo no sólo viola lo dispuesto por la Corte, sino que atenta contra el debido proceso y criminaliza a trabajadores que no han cometido ningún delito.
- 16 personas fueron detenidas durante el operativo
Rosenbaum recordó que apenas dos días antes de la redada, organizaciones civiles habían llamado a la comunidad a mantenerse alerta ante la posibilidad de que el gobierno federal desobedeciera la decisión judicial. El llamado incluía reportar cualquier irregularidad o exceso de fuerza por parte de los agentes.
Por su parte, Ron Góchez, vocero de Unión del Barrio, alertó también que, si bien los operativos habían disminuido en frecuencia en las últimas semanas, “no han parado”. En su mensaje, subrayó que “no podemos confiar en que este presidente vaya a respetar las decisiones de las cortes que no nos favorecen; sólo el pueblo organizado puede defenderse”.
La redada de ayer se llevó a cabo cerca del lugar donde se realizaron operativos similares en semanas anteriores, que derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. En uno de esos incidentes, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se presentó personalmente en el lugar y exigió la retirada inmediata de los oficiales.
“Tienen que irse, y tienen que irse ahora mismo. Tienen que irse porque esto es inaceptable”, declaró Bass, quien ha sido una de las voces más críticas frente a las redadas migratorias impulsadas por el gobierno federal en la ciudad.
En junio pasado, las tensiones escalaron al punto de provocar disturbios durante varios días. La respuesta del presidente Trump fue ordenar la federalización de la Guardia Nacional y desplegar infantes de marina en la ciudad.
Hasta ahora, no hay más detalles sobre las 16 personas detenidas durante la redada. Tampoco se ha especificado si alguna de ellas tiene antecedentes criminales vinculados a pandillas o se trató sólo de trabajadores informales.
