El Comando Sur de Estados Unidos confirmó la muerte de cuatro personas tras un bombardeo aéreo contra una embarcación en el mar Caribe, en lo que representa el 20º ataque de este tipo desde septiembre dentro de la operación antidrogas conocida como Southern Spear.
El hecho ha generado preocupación internacional y fuertes críticas desde varios gobiernos latinoamericanos, que cuestionan la legalidad de estas acciones y su impacto en la estabilidad regional.
Según la versión oficial del Departamento de Defensa, la embarcación atacada navegaba en una “ruta conocida de narcotráfico” y estaría vinculada a una organización catalogada como terrorista.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han presentado evidencia pública que confirme que los ocupantes eran efectivamente narcotraficantes ni que transportaran cargamentos ilícitos.
Esto ha generado dudas entre organizaciones de derechos humanos, expertos en derecho internacional y gobiernos de la región.
Uno de los señalamientos más fuertes vino del presidente colombiano Gustavo Petro, quien advirtió que podría tratarse de pescadores colombianos y calificó el ataque como una violación del derecho internacional. A su vez, distintos países caribeños agrupados en CARICOM expresaron preocupación por la “militarización creciente” del mar Caribe y recordaron que el área debe mantenerse como Zona de Paz.
Este nuevo incidente se suma a una serie de operativos letales que, en menos de tres meses, han dejado aproximadamente 80 muertos en ataques contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental.
Aunque Washington sostiene que se trata de acciones “quirúrgicas” contra redes de narcotráfico, especialistas advierten que la ausencia de transparencia sobre los objetivos y la falta de procesos judiciales abren la puerta a posibles abusos y errores fatales.
La escalada militar también ha provocado fricciones diplomáticas: algunos gobiernos latinoamericanos han suspendido temporalmente intercambios de inteligencia con Estados Unidos, temiendo ser arrastrados a responsabilidades legales o políticas por operaciones que podrían violar normas internacionales.
Mientras continúan las reacciones oficiales, el hecho reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico y los riesgos de convertir operaciones de seguridad en acciones de carácter casi bélico.
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MSL