El Poder Judicial de Perú estableció cinco meses de prisión preventiva y dispuso la captura nacional e internacional de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece desde inicios de noviembre en la residencia de la Embajada de México tras recibir asilo político.
La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien aceptó el pedido del Ministerio Público para reemplazar la comparecencia con restricciones por detención preventiva.
De acuerdo con la resolución judicial, la exfuncionaria incumplió las reglas de conducta que debía respetar en libertad al solicitar asilo diplomático pese a contar con un impedimento de salida del país.
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La orden de captura fue comunicada a la Policía Nacional, al área de Requisitorias y a Interpol.
Al respecto, la fiscal suprema Zoraida Ávalos había solicitado la prisión preventiva el 7 de noviembre como parte del proceso por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un “Gobierno de excepción”.
Los señalamientos contra Chávez incluyen presunta coautoría del delito de rebelión y participación en el intento fallido de golpe de Estado. La Fiscalía ha planteado penas de hasta 26 años de prisión para la ex funcionaria.
Por otro lado, Chávez se encontraba en etapa de alegatos finales luego de que el Tribunal Constitucional anulara la ampliación de su prisión preventiva por considerarla fuera del plazo legal. La ex primera ministra había sido excarcelada en septiembre de 2025 tras un habeas corpus que dejó sin efecto su prolongada detención.
A propósito del asilo otorgado por México, la Cancillería peruana confirmó que Chávez ingresó a la residencia diplomática el 3 de noviembre. Desde entonces, permanecía a la espera de un salvoconducto para abandonar el país.
Sin embargo, el gobierno peruano decidió “demorar” la entrega del documento mientras consulta a países de la OEA sobre la aplicación de la Convención de Caracas, al considerar que el asilo fue utilizado de forma indebida.
La situación generó un quiebre diplomático. Perú rompió relaciones con México al considerar que la concesión de asilo representaba una injerencia en asuntos internos.
El Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, medida que el gobierno de nuestro país rechazó por basarse, según dijo, en “planteamientos falsos”.
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