El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó de manera significativa el tono de sus advertencias al afirmar que cualquier país involucrado en la producción o tráfico de drogas hacia territorio estadounidense podría ser blanco de ataques militares. Estas declaraciones las hizo durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, donde defendió la necesidad de ampliar la ofensiva contra redes transnacionales tras los recientes bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Y que ahora busca extender a operaciones terrestres.
El magnate sostuvo que “cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques”, lo cual, ademas de reiterar su posición sobre Venezuela, dejó abierta la posibilidad de incluir a otros países de la región. Donald Trump fue interrogado sobre la procedencia de la cocaína que ingresa a Estados Unidos y respondió: “He oído que Colombia prodúceme cocaína. Tiene plantas de fabricación, y si, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques”. Con ello, amplio sus críticas hacia Bogotá, con la cual mantiene una confrontación política desde octubre tras suspender la ayuda antinarcóticos.
- El Dato: Donald Trump afirmó que el número de muertes ha disminuido considerablemente en EU debido, en parte, a los ataques contra supuestos barcos cargados de drogas.
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió en un mensaje difundido en X, sostuvo que diariamente se destruyen nueve laboratorios de cocaína en su país y afirmó que no permitirá amenazas contra la soberanía nacional. Después de defender sus acciones internas, señaló: “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18 mil 400 laboratorios… pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”.
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Asimismo, el republicano amplió su postura respecto a Venezuela. Señaló que el país sudamericano ha tenido un comportamiento “muy malo” y reiteró su acusación de que el gobierno venezolano ha enviado criminales a Estados Unidos tras presuntamente vaciar sus cárceles. Sostuvo que su administración comenzará “muy pronto” acciones terrestres contra organizaciones que operan desde territorio venezolano, reforzando la advertencia ya enviada a líneas aéreas y pilotos sobre la prohibición total del espacio aéreo venezolano para aeronaves estadounidenses.
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Insistió en que las operaciones terrestres serán “más fáciles”, porque, dijo, cuentan con rutas identificadas y ubicaciones precisas de los grupos que supervisan los envíos. En su visión, la aplicación de la fuerza resolverá un problema que, desde su perspectiva, ha sido tolerado por gobiernos regionales. El Pentágono respaldó esta lectura y reiteró que su personal ha actuado con precisión en cada ataque registrado.
En tanto, el organismo también señaló que mantiene planes de respuesta si el presidente venezolano, Nicolás Maduro, abandona el país o si la situación interna se deteriora. Aunque no ofreció detalles, indicó que sus estrategias están orientadas a “proteger al pueblo estadounidense” y frenar el flujo de drogas, que según las autoridades estadounidenses ha disminuido gracias a los bombardeos recientes. No obstante, las cifras exactas sobre la reducción del tráfico no han sido publicadas, lo que ha generado críticas de parte de analistas y legisladores.
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En ese sentido, las revelaciones periodísticas sobre presuntos abusos en la operación Lanza del Sur añadieron más presión. El Pentágono reconoció 21 ataques contra embarcaciones y 82 personas muertas, todas calificadas como miembros de organizaciones criminales. Sin embargo, una investigación de The Washington Post señaló que el pasado 2 de septiembre se habría ejecutado un segundo bombardeo contra sobrevivientes de una lancha previamente atacada. Esa versión abrió la posibilidad de que se analicen posibles violaciones al derecho internacional humanitario, lo que provocó cuestionamientos sobre la cadena de mando militar.
Cuando se le preguntó sobre el caso, el republicano afirmó: “Para mí fue un ataque. No sabía nada del segundo ataque”, deslindándose del operativo y remitiendo la responsabilidad al almirante Frank Bradley, quien encabeza la misión. Su comentario generó reacciones en el Congreso estadounidense, donde algunos legisladores solicitaron revisar los protocolos de uso de la fuerza en las operaciones marítimas. A pesar de las críticas, el Pentágono insistió en que actuó conforme a las reglas de enfrentamiento y defendió que la “niebla de guerra” pudo haber influido en las decisiones tomadas.
A su vez, la portavoz del Departamento de Defensa, Kingsley Wilson, afirmó que todas las personas atacadas eran “terroristas” identificados mediante inteligencia clasificada y sostuvo que la falta de evaluaciones posteriores se debe a la naturaleza del combate marítimo. Evitó responder sobre la ausencia de inspecciones en el sitio de los bombardeos y reiteró que la operación Lanza del Sur busca neutralizar embarcaciones utilizadas por grupos criminales que transportan cargamentos de droga hacia Centroamérica y rutas del Golfo de México.
ESCALADA REGIONAL. La postura del mandatario estadounidense ha tenido repercusiones en países vecinos que observan con preocupación la expansión de las operaciones militares de Estados Unidos. Algunas cancillerías han advertido que el empleo de fuerza letal sin procesos judiciales podría vulnerar tratados internacionales. Para la administración estadounidense, sin embargo, los ataques se justifican en la necesidad de evitar que más droga llegue a su territorio y en la designación reciente de varios grupos criminales como organizaciones terroristas, lo que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas.
Nasralla avanza mientras magnate irrumpe en crisis de Honduras
› Redacción
El proceso electoral de Honduras entró en una fase crítica tras la reanudación del conteo de votos de la contienda presidencial del domingo, en medio de una diferencia mínima entre el centrista Salvador Nasralla y el conservador Nasry Asfura, y bajo el impacto político que generó el indulto otorgado por el mandatario estadounidense Donald Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
Con el 70 por ciento de las actas revisadas ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que Nasralla, del Partido Liberal, alcanzaba el 40.16 por ciento de los sufragios, superando por apenas 10mil votos a Asfura, del Partido Nacional, quien sumaba 39.70 por ciento. La disputa se volvió más cerrada luego de que el sistema de transmisión presentó fallas que impidieron actualizar resultados de forma continua, lo que obligó al CNE a habilitar un mecanismo alterno para observación de partidos y prensa.
- El Dato: Trump ha citado los peligros del tráfico ilícito de drogas desde Latinoamérica; sin embargo, indultó a Hernández acusado de traficar toneladas de cocaína.
El lunes, la autoridad electoral declaró un “empate técnico” con el 57 por ciento de actas contabilizadas, cuando Nasry Asfura aventajaba por sólo 515 votos. Ante la imposibilidad de emitir una tendencia clara, el organismo anunció un escrutinio completo que incluiría no sólo las actas transmitidas por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sino también las clasificadas en dos niveles de “contingencia”: aquellas procesadas sin ser enviadas, y las que no fueron procesadas ni transmitidas.
El CNE aseguró que la declaratoria final se realizará dentro del plazo legal de 30 días y pidió a la ciudadanía mantener la calma mientras avanza el conteo definitivo. Mientras tanto, el clima político se tensó por un hecho externo al proceso: la liberación y el indulto de Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en EU por narcotráfico.
El magnate anunció la decisión desde la Casa Blanca, afirmó que el exmandatario hondureño había sido víctima de una “caza de brujas” y que múltiples sectores en Honduras le solicitaron intervenir. Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022, solicitó el indulto mediante una carta en la que destacaba su colaboración con Washington durante el primer mandato del republicano.
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La medida provocó fuertes reacciones en Tegucigalpa. Funcionarios y dirigentes del partido Libre denunciaron una “interferencia” directa de Estados Unidos en la política interna, acusando a Trump de favorecer al Partido Nacional en plena disputa electoral. A su vez, el viceministro Gerardo Torres Zelaya afirmó que la liberación de Hernández beneficiaba a “el peor criminal de la historia reciente del país”, mientras que el expresidente Manuel Zelaya advirtió que la combinación del indulto y el respaldo público de Trump a Asfura conformaba un “golpe electoral”.
Asimismo, legisladores demócratas en Estados Unidos cuestionaron con dureza la decisión. El senador Dick Durbin señaló que indultar a un mandatario condenado por facilitar el tráfico de toneladas de cocaína enviaba un mensaje contradictorio para la lucha antidrogas. La administración Trump, por su parte, defendió la medida.
