Estados Unidos llevó ayer al Consejo de Seguridad de la ONU una advertencia directa al Gobierno de Venezuela: la política de sanciones y acciones en el mar Caribe se mantendrá y se intensificará. El mensaje fue expuesto por el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, durante una sesión de emergencia solicitada por Caracas, en medio de interceptaciones de petroleros, acusaciones de narcotráfico y una escalada retórica que involucra a actores internacionales.
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Waltz sostuvo ante los miembros del Consejo que Washington aplicará sanciones “al máximo” con el objetivo de cortar las fuentes de financiamiento del Gobierno venezolano. En su intervención afirmó que los buques petroleros sancionados constituyen un eje central de la economía del país sudamericano y que, según la postura estadounidense, esos recursos terminan alimentando redes criminales. “Estados Unidos aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar el Cártel de los Soles”, declaró.
La sesión se desarrolló tras la decisión del Gobierno de Trump de bloquear e interceptar embarcaciones vinculadas al transporte de crudo venezolano. Caracas pidió el debate urgente al considerar que estas acciones violan el derecho internacional y la libre navegabilidad.
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Durante su exposición, Waltz reiteró que el magnate ha sido “muy claro” en su determinación de usar “todo el poder y la fuerza de Estados Unidos” para enfrentar a organizaciones que Washington considera una amenaza directa. El embajador vinculó de manera explícita al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con actividades de tráfico de drogas, una acusación que Caracas rechaza de forma categórica. Según el representante estadounidense, el mandatario “es responsable de utilizar estos recursos y sus beneficios para el tráfico hacia Estados Unidos y Europa”.
La Casa Blanca ha defendido que la designación del denominado Cártel de los Soles como organización terrorista habilita legalmente a su Gobierno para actuar en defensa propia. Bajo ese argumento, Estados Unidos incrementó operaciones en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, cuando comenzaron ataques contra lanchas que presuntamente con droga. De acuerdo con datos citados durante el debate, estas acciones han dejado más de un centenar de personas fallecidas.
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En tanto, la tensión se materializó con la interceptación de petroleros. El sábado, autoridades estadounidenses detuvieron en aguas del Caribe al buque Centuries, con bandera panameña, que trasladaba crudo venezolano con destino a refinerías en China. Una semana antes, el petrolero Skipper fue incautado y su carga confiscada. Además, Washington confirmó una “persecución activa” contra una tercera embarcación, el Bella 1, que logró evadir la intercepción.
RESPUESTA VENEZOLANA. El embajador Samuel Moncada acusó a Estados Unidos de imponer una relación colonial mediante el bloqueo naval. En su intervención calificó las acciones como “la mayor extorsión conocida en nuestra historia” y las describió como un crimen de agresión sin precedentes. También advirtió que Venezuela sería “sólo el primer objetivo de un plan mayor” con implicaciones para todo el continente.
Moncada sostuvo que el bloqueo constituye una “guerra de saqueo y expolio” del petróleo venezolano y denunció un ataque directo al sistema de relaciones internacionales y al Sur global. En la misma línea, el presidente Nicolás Maduro afirmó que su país recibe un “apoyo abrumador” dentro del Consejo de Seguridad en defensa de la libre navegación y el comercio. “El Consejo de Seguridad está dándonos un apoyo abrumador a Venezuela y el derecho a la libre navegabilidad”, expresó durante un acto público transmitido por la televisión estatal.
Maduro volvió a calificar las incautaciones como actos de “piratería” y aseguró que su Gobierno no será derrotado por presión externa. A su vez, anunció la promulgación de una nueva legislación que impone penas entre 15 y 20 años de prisión para quienes respalden o financien acciones de bloqueo o piratería naval.
Asimismo, países como Colombia manifestaron su preocupación por el uso de la fuerza y las medidas coercitivas unilaterales, al considerar que erosionan el Estado de derecho y no sustituyen al diálogo. Por su parte, Rusia, a través de su representante Vasily Nebenzya, calificó el bloqueo a los petroleros como “ilegal” y alertó que podría sentar un precedente para futuras acciones contra países de América Latina.
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En tanto, Nicaragua también intervino con un mensaje contundente. Su representante ante la ONU, Jaime Hermida, denunció actos de “piratería moderna” y “saqueo” de los recursos venezolanos. En su discurso afirmó que estas prácticas constituyen un peligro para la paz regional y para el comercio y la navegación mundial. “Exigimos el cese inmediato del despliegue militar de Estados Unidos en nuestra región”, señaló.
Mientras el conflicto diplomático escala, las consecuencias económicas comienzan a sentirse en el sector petrolero venezolano. La estatal PDVSA ha recurrido al almacenamiento flotante para manejar el aumento de inventarios, ante la dificultad de exportar cargamentos. Documentos internos y datos de envío muestran que varios buques permanecen cargados en aguas venezolanas a la espera de poder zarpar.
La empresa ha evitado declarar fuerza mayor en sus contratos, optando por negociaciones individuales con clientes, principalmente en Asia. China es el principal destino del crudo venezolano, concentrando alrededor del 80% de las exportaciones este año. En contraste, Chevron, socio clave de PDVSA, mantiene sus operaciones y exportaciones sin interrupciones, de acuerdo con lo expresado por la propia compañía.
Trump fue consultado sobre su objetivo final respecto a Venezuela. Sin ofrecer una respuesta directa, dejó abierta la posibilidad de incrementar la presión.