El gobierno de Estados Unidos enfrenta una crisis política y de seguridad delicada, luego de que operativos migratorios federales en Minneapolis derivaran en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, desataran protestas sostenidas y obligaran a la Casa Blanca a revisar su estrategia de control migratorio.
El presidente Donald Trump reconoció públicamente que su administración evalúa ajustes en la forma en que se ejecutan estas acciones. En entrevista con NBC Nightly News, concedida desde la Oficina Oval, el magnate admitió que los hechos recientes dejaron lecciones relevantes. “Aprendí que quizás nos vendría bien un toque más suave. Pero aun así hay que ser firme”, afirmó al ser cuestionado sobre el uso de la fuerza durante las redadas.
- El Dato: Las declaraciones de Donald Trump a NBC News ayer reflejan su continuo cambio de tono a medida que crece la indignación nacional por los asesinatos.
El comentario representa un cambio de tono frente a la defensa inicial de la Operación Metro Surge, concebida como parte central de la política de deportaciones impulsada por el Ejecutivo. La revisión discursiva ocurre en un contexto de creciente indignación pública por los fallecimientos de Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses que murieron por disparos de agentes federales durante acciones de control migratorio a lo largo de enero.
El republicano aseguró que, tras los incidentes, sostuvo conversaciones directas con autoridades estatales y municipales, aunque expresó inconformidad por las críticas posteriores emitidas desde Minnesota. “He llamado al gobernador. He llamado al alcalde. He hablado con ellos y luego los veo despotricando y delirando por ahí, literalmente como si la llamada no hubiera ocurrido”, declaró durante la entrevista televisiva.
- El Tip: El director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion, escribió que Washington ayudaba a países como Rusia y China a socavar los derechos humanos.
RETIRO PARCIAL. Horas antes de las declaraciones presidenciales, el gobierno federal ordenó la salida inmediata de alrededor de 700 agentes migratorios desplegados en el estado y en la ciudad de Minneapolis. El anuncio fue realizado por Tom Homan, zar fronterizo de la administración Trump, quien atribuyó la decisión a un nivel de cooperación “sin precedentes” por parte de autoridades locales y estatales.
La reducción afecta a personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su siglas en ingles) y de la Patrulla Fronteriza, movilizados desde diciembre de 2025 como parte del mayor operativo migratorio estatal registrado hasta ahora. Durante su fase más intensa, el despliegue alcanzó cerca de 3 mil agentes, superando ampliamente la presencia habitual y generando enfrentamientos con residentes, bloqueos ciudadanos y protestas en distintos puntos del país.
Homan explicó que, como parte de los acuerdos alcanzados, los gobiernos locales comenzarán a entregar directamente a inmigrantes sin estatus legal que sean detenidos por delitos, lo que permitirá disminuir la presencia de agentes armados en las calles. “Esto es hacer cumplir la ley de manera más inteligente y no menor aplicación de la ley. Es más seguro para las comunidades, para los agentes y para los indocumentados”, sostuvo durante una conferencia de prensa ofrecida en Minneapolis.
- 2 mil agentes del ICE permanecerán en Minneapolis
Pese a la retirada anunciada, cerca de 2 mil agentes federales permanecerán activos en la región. Homan indicó que el objetivo es regresar al nivel previo al operativo, estimado en unos 150 elementos, aunque evitó precisar cuándo podría concretarse esa reducción total.
PRESIÓN POLÍTICA. El anuncio fue recibido con cautela por líderes demócratas, quienes consideraron insuficiente la disminución del despliegue frente al nivel de tensión generado. El gobernador Tim Walz señaló que la medida representa un primer paso, pero insistió en la necesidad de una reducción más amplia, investigaciones estatales sobre los homicidios ocurridos y el fin de lo que calificó como una campaña de represalias federales.
Mientras que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, advirtió que mantener a miles de agentes federales en la zona impide una verdadera desescalada y continúa afectando la vida cotidiana de los residentes y la actividad económica local.
Por su parte, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, sostuvo que la permanencia de miles de agentes mantiene el riesgo de nuevos episodios violentos. “El caos va a continuar. El peligro de que alguien muera sigue ahí”, afirmó, al exigir la retirada total de las fuerzas migratorias de la ciudad.
- 150 agentes había en la ciudad previo a operación Metro Surge
En tanto, autoridades estatales y municipales presentaron demandas federales para frenar o limitar el despliegue, al considerar que vulnera la seguridad pública y rebasa la autoridad local. A ello se suman acciones legales impulsadas por distritos escolares y sindicatos de maestros, que buscan impedir operativos migratorios en escuelas y zonas aledañas, argumentando que generan temor entre las familias y afectan la asistencia escolar.
Desde la Casa Blanca, la administración reiteró que la reducción de personal no implica un repliegue de la política migratoria. Homan subrayó que las deportaciones continuarán a nivel nacional y defendió la Operación Metro Surge como efectiva en términos de seguridad pública, aunque reconoció deficiencias en su ejecución.
INFORME DE HRW. Asimismo, la administración Trump desestimó las conclusiones del informe anual de Human Rights Watch, que advierte un deterioro de la democracia y de los derechos humanos en Estados Unidos bajo el actual gobierno, y afirmó que dichas evaluaciones “no están basadas en hechos”.
La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, acusó a la organización de mantener una postura hostil contra el magnate desde antes de su llegada al poder y sostuvo que padece el llamado “síndrome de trastorno por Trump”. Aseguró que el mandatario ha fortalecido los derechos humanos al poner fin a conflictos armados, proteger la libertad religiosa y frenar lo que calificó como la instrumentalización del gobierno durante la administración anterior.
El informe de Human Rights Watch, presentado ayer, señala que el gobierno ha atacado pilares democráticos mediante su ofensiva migratoria, amenazas al derecho al voto y una retórica que, según el documento, se alinea con el nacionalismo blanco. Su director ejecutivo, Philippe Bolopion, advirtió sobre un “declive rápido” en la calidad democrática del país y alertó que sus consecuencias tendrán impacto global.
