La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, solicitó públicamente al gobernador de California, Gavin Newsom, evitar la liberación de migrantes indocumentados detenidos en cárceles estatales sin que antes se notifique al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A través de sus redes sociales, la funcionaria federal afirmó que en instalaciones bajo custodia estatal existen 33 mil 179 personas sin estatus migratorio regular, a quienes calificó como “criminales”, y pidió que no regresen a la vía pública sin coordinación con autoridades migratorias federales.
Noem señaló que, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional, entre los delitos atribuidos a ese grupo se encuentran 399 homicidios, 3 mil 313 agresiones, 3 mil 171 robos a propiedad, mil 11 robos con violencia, 8 mil 380 delitos relacionados con drogas peligrosas, mil 984 delitos con armas y mil 293 delitos sexuales de carácter depredador.
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La funcionaria urgió al gobierno estatal a colaborar con las autoridades federales para permitir que ICE pueda asumir la custodia de los detenidos y, en su caso, iniciar procedimientos de deportación.
El posicionamiento ocurre en medio de un nuevo diferendo entre el gobierno federal estadounidense y el estado de California por las denominadas políticas de “estado santuario”. Dichas normas limitan la cooperación de policías y cárceles locales con las autoridades migratorias federales, particularmente cuando las personas detenidas no enfrentan cargos por delitos graves.
En la práctica, estas disposiciones impiden que las agencias estatales retengan a un individuo únicamente por su situación migratoria, por lo que, al concluir su proceso penal o administrativo, pueden ser liberados sin transferencia automática a ICE.
Autoridades federales han sostenido que la falta de notificación dificulta la detención migratoria y permite que personas con antecedentes penales regresen a comunidades estadounidenses. Por su parte, el gobierno de California ha defendido su legislación al considerar que protege derechos civiles y evita que víctimas o testigos de delitos teman colaborar con la policía por su condición migratoria.
El conflicto podría escalar a un litigio legal entre autoridades federales y estatales, debido a que la política migratoria es competencia del gobierno federal, mientras que la administración penitenciaria corresponde a los estados.
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MSL
